LA CEIBA, ATLÁNTIDA.
La Policía Nacional de Honduras detuvo al extitular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) de Honduras José Antonio Galdames por el presunto delito de explotación ilegal de recursos naturales, informó este lunes una fuente oficial.
El portavoz de la Policía hondureña, Edgardo Barahona, dijo a los periodistas que Galdames fue detenido este domingo en el departamento de Atlántida, en el Caribe, cuando trasladaba en un camión al menos 60 sacos con carbón supuestamente sin el permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Galdames, titular de MiAmbiente en el primer período del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2018), permanece detenido en un puesto policial a la espera de su proceso judicial, señaló el portavoz de la Policía.
La familia de Galdames indicó en un pronunciamiento que el exministro presentó al momento de la detención las facturas emitidas y autorizadas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a la Cooperativa Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada (COACAAL), a la que él compró el carbón.
En la requisa las autoridades policiales identificaron «alguna inconsistencia en la guía de remisión» emitida por la Cooperación Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada, por lo que detuvieron y trasladaron a Galdames a la Dirección Policial de Investigación (DPI), añadió.
Directivos de la cooperativa se personaron a la DPI para confirmar ser responsables de la venta de carbón y emisión de los documentos fiscales, señaló la familia del exministro.
Sin embargo, considera que el Ministerio Público (Fiscalía) «no actuó de oficio» contra la cooperativa, sino contra José Galdames quien es solo un comprador.
La familia de Galdames pidió a las autoridades hondureñas y al Ministerio Público «salvaguardar la integridad» del exministro de MiAmbiente durante su detención.
Además, exigen la «inmediata liberación» de Galdames, quien como «comprador de buena fe» posee todos los documentos que respaldan que hizo la compra de carbón a la entidad autorizada por el Estado de Honduras.
«Ningún comprador tiene la capacidad de saber si un vendedor tiene o no tiene sus documentos en orden y los permisos respectivos, por lo que la investigación debe dirigirse a la cooperativa y no a sus clientes», señala el pronunciamiento de la familia del ex ministro hondureño.
Con información de EFE.
