La viceministra de seguridad denunció que un comando armado intentó interceptar su caravana y disparó a sus escoltas. Poco antes había denunciado a mandos policiales de ser cómplices en una masacre
Por: Héctor Silva Ávalos
Julissa Villanueva viajaba en una camioneta blindada por una calle oscura en el sur de Tegucigalpa, la capital de Honduras, la noche del martes 5 de diciembre. De súbito, sin decirle nada, uno de sus guardaespaldas, quien conducía el vehículo, viró y se alejó a toda velocidad del sitio, hacia la casa de la mujer en otro sector de la ciudad. Fue cuando todos estuvieron seguros que el escolta explicó su decisión: al vehículo de Villanueva lo seguía, de cerca, otro carro con más guardaespaldas, desde el cual avisaron por radio que habían escuchado, muy cerca, dos disparos. Por eso la huida.
Ningún disparo alcanzó al vehículo de Villanueva, pero, después de los balazos, en esta funcionaria se afianzó una sospecha que se ha ido convirtiendo en certeza, la de que su vida está en peligro. “A mí realmente me van a matar”, dijo en declaraciones que dio a la prensa hondureña poco después del atentado.
Julissa Villanueva es médico forense y es la viceministra de seguridad en el gobierno hondureño. El intento de atentado ocurrió menos de una semana después de un remezón que ella provocó en las filas del gabinete de seguridad pública al denunciar que munición propiedad de la Policía Nacional había sido utilizada en los asesinatos de 46 mujeres presas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación, conocida como la cárcel de Támara, el 20 de junio pasado.
“Yo he venido cuestionando al ministro de seguridad en varias cosas, entre otras porque él boicotea mi trabajo en la cárcel y porque 19 cuerpos de las víctimas… en Támara tienen balas que son de la policía”, dijo Villanueva a Infobae.
La masacre de Támara, como la denominó la prensa de Honduras, es una de las peores en el registro de matanzas carcelarias en Honduras. Los primeros relatos sobre lo que ahí ocurrió apuntan a una venganza entre pandillas; es la versión que las autoridades policiales se han esforzado en propagar y de la que buena parte de la prensa local e internacional se ha hecho eco. Un buen número de las presas asesinadas tenían, en efecto, antecedentes de pertenencia y colaboración a pandillas, pero parece haber algo más, o al menos eso se entiende al escuchar la denuncia de Villanueva.
De las 46 mujeres que fallecieron en Támara, 23 murieron calcinadas en un incendio provocado por algunas de las reclusas, y las otras 23 fueron abatidas a balazos, según reportes oficiales. En 19 cadáveres de este último grupo había balas que son las usadas por la Policía Nacional. La viceministra Villanueva también ha dicho que 119 casquillos de armas 9 milímetros que fueron percutidos y encontrados en la cárcel tienen grabados identificativos que corresponden a la policía.
Otros informes de inteligencia policial sobre la masacre a los que Infobae ha tenido acceso y otros dos funcionarios en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro que hablaron bajo condición de anonimato por seguridad coinciden en que la matanza en la cárcel de Támara contó con la complicidad de autoridades policiales, de custodios penitenciarios e incluso de mandos militares ligados al narcotráfico que en el pasado han trabajado de la mano con el crimen organizado.
El Ministerio Público, a través de Roberto Blen, jefe de la fiscalía de delitos contra la vida, confirmó lo dicho por la viceministra Villanueva. “Lamentablemente no se puede obviar que esas municiones eran propiedad del Estado, eso se evidencia con la pericia”, dijo. Villanueva añadió que el 96% de casquillos encontrados en la escena son de armas usadas por la Policía Nacional.
Gustavo Sánchez, el ministro de seguridad, aceptó que había, en la escena, armas y municiones de la PN, pero descartó que agentes u oficiales policiales hayan disparado, lo que deja abierta la pregunta sobre la posibilidad de que armas y municiones de la fuerza pública hayan sido introducidas de contrabando o facilitadas a las reclusas.
Sánchez se convirtió en ministro de seguridad justo tras la masacre de Támara, luego de la cual la presidenta Castro destituyó a su antecesor, el general Ramón Sabillón, y lo nombró a él.
Antes de la matanza en la cárcel de mujeres había habido otros siete incidentes de menor calado, desde motines hasta tomas fugaces de pabellones, en el sistema penitenciario de Honduras. La violencia en las cárceles creció, de acuerdo con cifras oficiales, desde que la presidenta Castro decretó estados de excepción parciales en varias zonas del país en febrero de este año.
En abril de 2023, Castro nombró a Julissa Villanueva como interventora en las cárceles a cargo de una comisión especial con atribuciones para investigar lo que ocurría dentro de los recintos. Lo que aquella comisión encontró, en principio, fue que había mafias que introducían contrabando, alimentos, droga e incluso armas en los recintos, y que había, en muchos casos, complicidad de las autoridades, sobre todo de militares. Villanueva, además, empezó a ordenar requisas sorpresivas. Informes de inteligencia empezaron a advertir, entonces, la posibilidad de que reos coaligados con oficiales del Estado implicados en el crimen carcelario estuviesen preparando incidentes más graves para desestabilizar al gobierno. Poco después ocurrió lo de Támara.
Tras la masacre, Sabillón fue destituido como ministro de seguridad y al poco tiempo salió del país. Villanueva fue destituida como interventora carcelaria y regresó a su rol de viceministra de seguridad. Las relaciones entre la funcionaria y Gustavo Sánchez, el nuevo ministro, fueron tensas desde el principio. El distanciamiento se convirtió en hostilidad la semana anterior, cuando la viceministra divulgó el uso de armas de la Policía Nacional en la masacre carcelaria. Aunque Sánchez aceptó lo de las armas y las municiones, insistió en un programa de televisión que ni él ni nadie en su secretaría de Estado ha emitido una orden ilegal.
Menos de una semana después de ese cruce de declaraciones entre los funcionarios más visibles del gabinete de seguridad llegó el intento de atentado a la viceministra Villanueva. Hasta ahora, la presidenta Castro no se ha pronunciado al respecto.
Una larga historia de denuncia
No es la primera vez que Julissa Villanueva enfrenta amenazas, seguimientos e intentos de silenciarla. Los primeros casos graves de acoso contra ella ocurrieron en 2018, cuando era directora del Departamento de Medicina Forense en Honduras y en uno de sus dictámenes calificó como homicidio la muerte de una agente fiscal en una ciudad en el occidente del país y dijo, luego, que uno de los posibles móviles era que la mujer asesinada investigaba a narcotraficantes y políticos y que los posibles autores materiales e intelectuales del asesinato eran miembros de una agencia especializada del Ministerio Público.
En agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) concedió medidas cautelares a Villanueva y a su grupo familiar por aquel caso.
La agente asesinada se llamaba Sherill Yubissa Hernández Mancía. Cuando su cadáver fue encontrado en el apartamento en que vivía y Villanueva determinó que se trataba de un homicidio, empezaron contra la entonces directora forense una serie de ataques que, como ha ocurrido hace poco, incluyeron amenazas contra su vida. Y, al igual que ahora, en 2018 también hubo una confrontación con funcionarios de alto rango.
Tras el asesinato de Hernández Mancía fue Ricardo Castro, entonces director de la Agencia Técnica de Investigación del MP (ATIC), quien confrontó a Villanueva, intentó ridiculizarla y mantuvo siempre que la agente fiscal se había suicidado. Óscar Chinchilla, jefe de Castro y entonces fiscal general, validó siempre la versión de la ATIC. El tiempo, sin embargo, parecen darle la razón a Villanueva: Johel Zelaya, fiscal general interino y sustituto de Chinchilla, cambió la versión oficial sobre la muerte de la agente Hernández y ordenó investigar el homicidio.
El fiscal interino Zelaya también abrió investigación sobre otro caso que había costado persecución a Villanueva, el de las muertes de manifestantes a manos supuestamente de agentes del Estado en 2017 durante protestas callejeras por la reelección irregular del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy acusado y procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
Al gabinete de Xiomara Castro llegó Julissa Villanueva de la mano de Ramón Sabillón. Ella, la viceministra, con el antecedente de haber denunciado como jefa forense crímenes que tocaban de cerca al gobierno anterior. Él, Sabillón, como ministro, con una hoja de vida que incluye haber detenido a los líderes de dos de los clanes de narcotráfico más importantes de Honduras, Los Valle Valle y Los Cachiros.
Pronto, según un ex funcionario y un agente de inteligencia policial que han sido cercanos a Sabillón, las nuevas autoridades encontraron resistencia de las viejas estructuras de criminalidad organizada incrustadas en el Estado hondureño, en especial en el sistema carcelario.
El funcionario de inteligencia policial dijo a Infobae que la masacre en la cárcel de Támara y la posterior destitución de Sabillón están relacionadas. “Es muy posible que todo haya sido un acto de desestabilización por las medidas que tomó la comisión interventora en las cárceles”, aseguró.
“Se empezó a tocar el corazón de los criminales en las cárceles, a los de cuello blanco, se tocó al crimen organizado intercarcelario, pero también en conjunción con algunos policías boicoteando el trabajo”, dijo otro funcionario consultado sobre las acciones tomadas en los meses previos a la masacre en Támara.
La versión oficial sobre lo ocurrido en la cárcel de Támara sigue siendo que fue un ajuste de cuentas entre pandilleras del Barrio 18 y la MS13, las dos pandillas centroamericanas con más presencia en Honduras. A pesar de que la comisión interventora que presidió Villanueva arrojó indicios de la participación de agentes del Estado en la corrupción carcelaria, y de la posterior denuncia de la funcionaria sobre el uso de armas y municiones policiales en la matanza, las autoridades siguen sin abrir una línea de investigación oficial que apunte a la posible participación de agentes estatales en lo ocurrido.
Por ahora, la confrontación interna en el gabinete de seguridad se volvió pública. Tras denunciar el intento de atentado en su contra, la viceministra Villanueva tuvo palabras para el ministro Sánchez: “Es evidente que estorba mi trabajo en la Subsecretaría de Seguridad porque he venido recibiendo un boicot de parte de las autoridades y del ministro tiene un comportamiento un poco incomprensible para mí”. El director de la policía, Juan Manuel Aguilar, restó importancia a la denuncia hecha por Villanueva. Ella, dijo “está bien y tiene más seguridad que una posta policial”.
Lo cierto es que, tras la masacre de Támara, la presidenta Castro devolvió el control de las cárceles a mandos relacionados con el poder militar en Honduras, que ha sido el que más asocio ha tenido con el crimen carcelario y el narcotráfico.
