TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El PCM, cuya finalidad y espíritu es hacerle frente a la crisis que vive la nación por las lluvias, fue aprobado la noche del viernes 24 de septiembre en una reunión del Consejo de Ministros.
Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se publicó este sábado en el Diario oficial La Gaceta, el decreto PCM 24-2022 que establece emergencia en el país por un término de 90 días, a raíz de la crisis ocasionada por las lluvias que se registran en el territorio nacional.
El decreto, ordena a los titulares de las diferentes secretarías de Estado a ejecutar acciones de prevención y atención de daños, así como a reparar, construir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras que se han visto afectadas por las lluvias que azotan el territorio hondureño.
El PCM establece que las contrataciones de bienes y servicios podrán realizarse de forma directa e instruye al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que, durante y después de la ejecución de los fondos para atender la emergencia, traslade a la Secretaría de Transparencia, la información y documentación que certifique en qué fueron invertidos los recursos aprobados para hacerle frente a la crisis.
A la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se le instruye implementar acciones inmediatas para atender las necesidades de la población; a las Secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad, adoptar las medidas de resguardo de los bienes y de la integridad física de la ciudadanía; al 911 mantener activo su servicio de atención inmediata; y, a los ministerios de Salud y Educación, mantener y garantizar la provisión de servicios y atención inmediata de las familias afectadas.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, deberá, junto con los gobernadores y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), realizar un inventario de los daños en las vías de comunicación de los diferentes departamentos del país; y, la Secretaría de Finanzas, gestionará, orientará y asignará los recursos que se identifiquen en las instituciones del Estado, así como los
fondos externos de cooperación.
Finalmente, se establece que, las contrataciones serán auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con la finalidad de garantizar una ejecución transparente de los recursos destinados a la atención de la emergencia nacional.
