TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) informó este domingo que el país centroamericano registró 48 asesinatos múltiples o con más de tres víctimas cada uno, que dejaron 220 muertos en el contexto del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.
«Honduras fue escenario de casi medio centenar de masacres que dejaron como saldo al menos 220 muertos y decenas de heridos, muchos de esos casos aún en la impunidad, lo que agrava más las violaciones a los derechos», subrayó el Conadeh en un comunicado.
Solo en diciembre de 2022, cuando el Gobierno hondureño declaró el estado de excepción para reducir los índices de violencia, el país centroamericano registró cinco masacres que causaron 20 muertes, añadió.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, el organismo de derechos humanos registró al menos 43 asesinatos múltiples que dejaron al menos 200 personas muertas, entre ellos 75 mujeres y casi una docena de niñas y niños.
En 2023, 13 de los 18 departamentos de Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo, sin vivir en guerra, fueron escenario de múltiples asesinatos que dejaron «una estela de luto y dolor en casi medio centenar de familias hondureñas», según el organismo de derechos humanos.
Destacó que junio pasado es el mes con mayor cantidad de masacres, con 11, entre ellas la muerte de 46 mujeres en una cárcel durante una reyerta.
Llamado del Conadeh
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo que el Estado «incurre en responsabilidad» por la falta de una investigación efectiva que permita identificar a los autores de la muerte de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
La muerte de 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Los responsables de la «peor masacre» registrada en Honduras «no han sido identificados, procesados, ni castigados», por lo que Izaguirre instó a las autoridades a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de «debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos».
«Este clima de terror y de impunidad es el abono para que muchas familias hondureñas se estén desplazando forzadamente de sus lugares de residencia para salvaguardar su integridad física y sus vidas», enfatizó la Defensora del Pueblo.
Pidió además a las autoridades de Honduras poner en práctica «medidas preventivas y realizar investigaciones efectivas que conduzcan a la identificación de los culpables y se les aplique la ley a los responsables de tan abominables hechos violentos».
