TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Juez de Extradición de Primera Instancia realizó este día la Audiencia de Información en la solicitud de Extradición para el ciudadano Francisco Roberto Cosenza Centeno, quién es requerido para fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida.
Cosenza Centeno, quien fungió como director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, fue acusado en la mencionada corte por la supuesta comisión de los delitos de Conspiración para cometer Lavado de Activos, Lavado de Activos y Transacciones derivadas de Actos Criminales.
Esta Primera Audiencia de Extradición tuvo por objetivo informar al ciudadano solicitado, los cargos que han sido presentados por el Estado requirente y la relación de hechos, así como los derechos que le asisten durante este proceso.
Luego de finalizar la Audiencia Informativa, el Juez Natural Designado para desarrollar en primera instancia el proceso de Extradición, dictó arresto provisional para el encausado, medida que deberá cumplir en las Instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Asimismo, se convocó a las partes para el próximo 15 de febrero, a las 9 de la mañana, para desarrollar la segunda Audiencia de Extradición, en la cual se presentarán y evacuarán los medios probatorios.
El Caso
Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, se desempeñó como director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA).
Junto a él fueron acusados dos más por la Fiscalía estadounidense de formar parte de una trama de sobornos para asegurar con el Gobierno hondureño contratos que ascendieron a unos 10 millones de dólares.
Los otros dos acusados son Carl Alan Zaglin, de 68 años y dueño de una firma textil con sede en Georgia, y Aldo Nestor Marchena, de 50 años y con domicilio en la Florida Boca Ratón.
De acuerdo con la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, entre marzo de 2015 y hasta noviembre de 2019 pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno hondureño, entre ellos a Cosenza, para obtener contratos relacionados a uniformes y otros bienes de la Policía Nacional de ese país.
Cosenza, quien era director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la TASA, y otros funcionarios del gobierno hondureño presuntamente ayudaron a Zaglin, Marchena y a otros a lograr contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la institución policial y a «asegurar el pago de los contratos».
Para ocultar los pagos de los sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza, entre otros, habrían lavado «las ganancias del plan corrupto» a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
La Fiscalía señala en su acusación que «los conspiradores enviaron más de 166.000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan».
Los tres han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, pero Cosenza y Marchena también afrontan cada uno un cargo de lavado de dinero y otro de participación en transacciones con propiedad derivada de delitos.
De ser hallados culpables, Cosenza y Marchena podrían recibir una pena máxima de hasta 30 años de prisión.
