TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Central del Partido Liberal de Honduras, le hizo un llamado al magistrado Wagner Vallecillo, para que se abstenga de aceptar el ejercicio de la presidencia de la Sala de lo Constitucional, hasta que el cambio no sea aprobado por todo el Pleno del Poder Judicial, en cumplimiento del Reglamento Interno de la CSJ.
A través de un comunicado, el partido rojo – blanco – rojo expresa su preocupación por lo que considera una violación del orden constitucional y del reglamento interno del Poder Judicial.
Según el escrito, la Corte Suprema de Justicia, es un cuerpo colegiado cuyas decisiones deben tomarse por unanimidad o mayoría, y su presidenta debe actuar de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Corte en Pleno.
Sin embargo, el partido denuncia que la distribución de responsabilidades dentro de las distintas salas a través de un oficio viola el texto constitucional.
El comunicado también señala que el reglamento interno del Poder Judicial establece claramente que ningún magistrado puede repetir en la presidencia de las salas, y que cualquier cambio en el orden de precedencia debe seguir un procedimiento de votación determinado. Sin embargo, el partido denuncia que este orden y armonía han sido alterados, generando opacidad en las decisiones administrativas del máximo tribunal colegiado.
La crisis se desencadenó con la integración de las salas de la CSJ a través de un oficio emitido en febrero de 2023, donde se estableció el orden de rotación de las mismas.
El Partido Liberal denuncia que la presidenta de la CSJ ha violentado la precedencia ya establecida al nominar vía oficio al presidente de la Sala de lo Constitucional, lo que va en detrimento de una práctica inveterada de respeto a la precedencia establecida previamente por el Pleno de Magistrados.
Ante esta situación, el Partido Liberal hace un llamado enérgico a la Presidencia de la CSJ para que convoque de manera inmediata al Pleno de Magistrados y se decida legal y democráticamente si se harán cambios a la precedencia establecida previamente.
Esta controversia política y judicial ha generado preocupación en Honduras, donde se espera una pronta resolución que respete el orden constitucional y fortalezca la institucionalidad democrática del país.
