En el momento más dramático en lo que va del juicio, Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, declaró bajo juramento este jueves que pagó dos sobornos a Juan Orlando Hernández, quien sucedió a su padre en el cargo y es actualmente juzgado en Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración para poseer armas de fuego.
El testigo, que en 2017 fue sentenciado a 24 años de cárcel también por narcotráfico, afirmó que tenía una amistad “muy cercana” con Hernández, y que los pagos que supuestamente hizo tuvieron lugar durante la campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2013.
Lobo explicó que, a cambio de esos supuestos sobornos, esperaba recibir favores políticos, informaciones y apoyo para el narcotráfico.
Además, dijo que el dinero utilizado provenía de sus actividades delictivas, en las que, según afirmó, trabajaba con el cartel de Los Cachiros.
Cuando la Fiscalía le preguntó si su padre estaba al tanto de su vínculo con Los Cachiros, Fabio Lobo respondió que sí.
Vestido con un traje amarillo de prisión y con los pies esposados, su aparición llenó la sala de tensión, ya que era uno de los testigos que más expectativa había generado. Cuando el fiscal David Robles lo llamó, hubo una sonora expresión de asombro entre el público hondureño presente en la audiencia.
Lobo, con todas las miradas encima, aportó también una cuota de teatralidad, acentuando sus intervenciones y poniendo pausas con suspenso entre sus respuestas.
Según declaró, el propio Hernández también le habría reconocido que recibió supuestas contribuciones de miembros del Cartel de Sinaloa. Además, Lobo dijo que un líder de dicho cartel mexicano le había adelantado esa versión.
Poco después, el juez dio por terminada la jornada, por lo que se espera que continúe declarando el viernes.
Lobo hijo fue el décimo testigo de la Fiscalía en el juicio, que ya lleva ocho jornadas.
Este jueves también testificó una mujer hondureña identificada por los fiscales como Andrea Santos, que fue pareja de Alexander Mendoza, alias “Porky”, señalado por las autoridades estadounidenses como un líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras.
En el interrogatorio, la testigo confirmó que escuchó grabaciones de llamadas entre Mendoza y dos de sus aliados interceptadas por las autoridades y en las que habrían mencionado a Hernández. Los audios no fueron transmitidos en la audiencia, pero quedó asentado que Santos identificó y confirmó la identidad de los interlocutores de las llamadas.
Contrainterrogatorio del Cachiro
Más temprano, la defensa del expresidente reanudó el contrainterrogatorio de Devis Leonel Rivera, cofundador del cartel de Los Cachiros, quien el miércoles se refirió a Hernández como su “socio”.
En un esfuerzo por afectar la credibilidad de Rivera, los abogados hicieron hincapié en algunas contradicciones de su testimonio.
Para ello, mostraron al testigo un documento oficial de Honduras que detalla que en septiembre de 2013 le incautaron 199 propiedades, dos meses antes de que Rivera iniciara su colaboración con la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
Los abogados remarcaron que esas incautaciones son una evidencia de que Hernández no estaba cumpliendo con el supuesto acuerdo que Rivera afirma que tenía con él.
El testigo respondió: “A mí Juan Orlando me cumplió, él no me arrestó, él sí aceptó los sobornos, si él me quería arrestar lo podía haber hecho”.
La defensa insistió: “¿Usted cree que, aun así, que le cumplió al incautarle sus propiedades? Porque usted también pagó sobornos para que no le quitaran sus propiedades, para que pueda seguir operando”.
Luego, hicieron un repaso de más de 20 socios que tuvo Rivera en el narcotráfico. Uno por uno, el abogado preguntó: “¿Él era tu socio? ¿Fue extraditado?”. En casi todos los casos, el testigo dijo que sí. “Entonces usted huyó de Honduras y se entregó a la DEA por las políticas de Juan Orlando Hernández, porque fue Juan Orlando Hernández el que lo hizo huir a usted”, concluyó el defensor.
El expresidente ha basado sus argumentos en que durante su mandato (2014-2022) mantuvo una estrecha colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y se aprobaron leyes contra el crimen organizado, incluso la que facilitó su propia extradición, realizada tres meses después de que dejó el cargo.
Por su parte, los fiscales alegan que Hernández presuntamente usó dinero del narcotráfico para enriquecerse y financiar sus campañas políticas, y utilizó “su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para apoyar a organizaciones de narcotráfico”. Si el jurado lo halla culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua.
El exmandatario todavía no ha confirmado si testificará en el juicio.
