Al menos 1.455 mujeres hondureñas se vieron obligadas a huir de sus hogares por la violencia entre 2016 y 2023, informó este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
En los últimos ocho años, el organismo de derechos humanos atendió 3.834 quejas de mujeres, de las que 1.455 (38 %) fueron víctimas de desplazamiento interno forzado y 2.379 (62 %) estaban en riesgo de desplazarse.
La violencia de género, añadió el Conadeh, es una de las principales causas de desplazamiento forzado, cuyo fenómeno reconoció Honduras en 2013.
La comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, dijo que el alto número de quejas atendidas por el organismo en los últimos años es el reflejo de un sistema de convivencia marcado por «el maltrato, hostigamiento, discriminación y la privación de la vida de las mujeres».
Las víctimas de la violencia machista se encuentran, muchas veces, en «un callejón sin salida» debido a que los esfuerzos del Estado en materia de seguridad y justicia «no son suficientes» para prevenir y erradicar la discriminación y las agresiones contra la mujer, subrayó Izaguirre.
La falta de acceso a la Justicia «nutre la impunidad y perpetúa la violencia y discriminación» contra las mujeres y, en consecuencia, las obligan a desplazarse o emigrar a otro país, añadió.
Las mujeres responsabilizan de su desplazamiento forzado o su riesgo de desplazarse a personas desconocidas, operadores de justicia y bandas criminales.
Muchas de las denuncias presentadas ante el organismo de derechos humanos están relacionadas con el asesinato de familiares (14 %), atentados a su propiedad (12 %), extorsiones (5 %), el despojo de tierra (4 %), rapto (3 %), así como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otras.
Las amas de casa son las que más se desplazan forzosamente debido a que residen en comunidades controladas por grupos criminales o bandas que buscan reclutar a sus hijos, según el Conadeh.
El Parlamento de Honduras aprobó a finales de 2022 una ley para proteger a los desplazados por la violencia en el país, lo que según organismos de derechos humanos es un “gran paso” para buscar soluciones duraderas frente al fenómeno.
La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia establece una base para atender de forma estructural las consecuencias humanitarias que enfrentan los desplazados internamente por la violencia, y para prevenir nuevos desplazamientos.
Con información de EFE
