Por Sam Woolston
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido declarado culpable de cargos de narcotráfico por un jurado de Nueva York. Fue declarado culpable de los tres cargos que le imputaban los fiscales.
El veredicto pone fin a tres semanas de juicio marcadas por dramáticos testimonios de antiguos funcionarios públicos, miembros de carteles y testigos que describieron detalladamente la colaboración del Estado con violentos grupos criminales.
Es probable que Hernández pase ahora el resto de su vida en la cárcel.
“JOH recibirá la misma condena que su hermano”, vaticinó Mike Vigil, el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), utilizando el apodo popular de Hernández.
El juicio ha puesto de relieve elementos del denominado narcoestado hondureño. En su primera semana, testimonios impactantes revelaron cómo violentos grupos del crimen organizado financiaron campañas políticas y utilizaron a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger los cargamentos de droga y desatar la violencia contra grupos rivales y ciudadanos hondureños.
Pero es poco probable que el veredicto sirva para frenar el flujo de cocaína o cambiar la reputación de Honduras como narcoestado.
“En Honduras queda mucha gente que se dedica a esta actividad”, dijo a InSight Crime Christine J. Wade, profesora de estudios centroamericanos en el Washington College. “No es realista pensar que procesos como este tengan efectos amedrentadores sobre el narcotráfico, sencillamente no es así como funciona la criminalidad”.
A continuación, InSight Crime analiza los acontecimientos de la segunda parte del juicio de Hernández y lo que el veredicto significa para Honduras.
Colaboración entre la policía y la MS13
Un testimonio clave fue el de Andrea Santos, que testificó bajo seudónimo. Santos es la exnovia de Alexander Mendoza, alias “El Porky”, líder de la MS13, la pandilla dominante en Honduras. Santos afirmó que, mientras eran novios, Mendoza estaba en contacto constante con Juan Carlos Bonilla, jefe de la Policía Nacional de Honduras y conspirador clave en los crímenes de Hernández, según los fiscales.
La MS13 compraba drogas a dos poderosos carteles hondureños, los Valles y los Cachiros, según el testimonio. La pandilla también sobornaba a agentes de policía para que pasaran droga por los puestos de control. Mendoza incluso habría recibido una entrega de armas de Bonilla como indemnización después de que la policía incautara accidentalmente un cargamento de droga, según una fuente dentro del tribunal.
Las acusaciones ofrecían una prueba escalofriante de lo que muchos hondureños ya sospechaban: que las fuerzas de seguridad del Estado al más alto nivel trabajaban activamente con poderosos grupos del crimen organizado.
Mendoza ha permanecido prófugo desde 2020, cuando miembros de una pandilla fuertemente armados, vestidos con los uniformes de la policía antipandillas de Honduras (FNAMP), irrumpieron en un juzgado donde estaba detenido y lo liberaron, dejando cuatro muertos.
US$4 millones en una bolsa de lona
También continuó el torrente de testimonios condenatorios que describen cómo los traficantes sobornaban a políticos y funcionarios del Estado. Por ejemplo, Fabio Lobo, narcotraficante convicto e hijo del expresidente Porfirio Lobo, declaró que viajó a una estación de servicio con el hermano de Hernández, Tony, quien recibió 4 millones de dólares en una bolsa de lona. El dinero era un regalo de Los Valles, dijo Tony a Fabio, y el efectivo se entregó finalmente a Hernández, según el testimonio.
Fabio también dijo que se reunió tres veces con el general Julián Pacheco, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Honduras, para solicitarle información para proteger los envíos de droga. Es más, Fabio llevó a dos supuestos miembros del Cartel de Sinaloa a reunirse con Pacheco, quien abandonó abruptamente la reunión. “Es una trampa”, habría dicho Pacheco.
Al final, los miembros del cartel resultaron ser testigos de la DEA. No es la primera vez que se vincula a Pacheco con actividades delictivas.
Los sobornos a los principales partidos políticos de Honduras también procedían de Los Cachiros, según el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder del grupo de narcotraficantes. Maradiaga describió la entrega de sobornos de entre US$100.000 y US$250.000 a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda. Zelaya es el actual vicepresidente del Congreso de Honduras y cuñado de la presidenta Xiomara Castro. Villeda es el líder del Partido Liberal.
“Niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona”, dijo Carlos Zelaya en una publicación en X, antes Twitter. Villeda también afirmó que las acusaciones de Maradiaga eran “totalmente falsas”.
La última batalla de Juan Orlando
En la última semana del juicio, la defensa pidió a dos miembros de las fuerzas armadas hondureñas, entre ellos Tulio Romero, antiguo miembro del equipo de seguridad de Hernández, que testificaran a favor de este. Pero el testimonio de Romero fue contraproducente y logró confirmar piezas clave del caso de la fiscalía, como que Hernández había visitado Graneros Nacionales, donde los fiscales alegaron que aceptó dinero del narcotráfico, y que Hernández era consciente de los vínculos de su hermano con los narcotraficantes.
Las Fuerzas Armadas de Honduras publicaron rápidamente un comunicado en el que afirmaban que los soldados que testificaron habían salido de Honduras “sin autorización” y que sus acciones eran “ilegales”.
En el climático final del juicio, Hernández subió al estrado por última vez. Afirmó que las visitas a Graneros Nacionales eran para “comprobar el precio del arroz”. Dijo que, aunque conocía las actividades de narcotráfico de su hermano, le había instado a “negociar con la DEA”.
Hernández también calificó de “mentirosos profesionales” a quienes lo acusaron de actividades criminales.
Pero muchos lo consideraron la gota que colmó el vaso para Hernández. Poco después del testimonio, Vigil dijo que Hernández estaba “frito” y describió su decisión de última hora de no guardar silencio como un “acto de desesperación”.
Las consecuencias
Aunque el veredicto condenatorio a Hernández fue ampliamente celebrado en Honduras, la condena hará poco por impedir el flujo de cocaína o por reparar el corrupto sistema político del país.
La producción de cocaína está en auge y Honduras sigue siendo un centro de tránsito crucial para los traficantes. Mientras tanto, el sistema judicial sigue sin funcionar y la impunidad es la norma. Solo el 13% de los asesinatos terminaron en sentencia condenatoria en 2022, según la ONG ASJ.
Los testimonios del juicio implicaron a los tres principales partidos políticos de Honduras en la recepción de dinero del narcotráfico, lo que podría complicar una reforma significativa, según el profesor hondureño Lester Ramírez.
“En cierto modo, como el daño a la reputación se ha repartido entre todos los partidos políticos, eso hace que sea más fácil [continuar] con la política de siempre”, dijo Ramírez, antes de que se emitiera el veredicto. “No creo que la conmoción que estamos viendo [con el juicio a Hernández] sea suficiente para producir un cambio en nuestras instituciones políticas”, añadió.
Wade se mostró igualmente escéptico. “Lo que ocurrió durante los gobiernos de Lobo y Hernández fue una perversión completa y total del Estado”, dijo. “No se construye un narcoestado durante la mayor parte de 15 años y luego se le da la vuelta en un par de años. Eso no va a ocurrir”.
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