TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte de Apelaciones en Criminalidad Organizada y Corrupción, de manera unánime, revocó la decisión del Juez de Primera Instancia del pasado 16 de enero y ordenó prisión preventiva para la acusada.
Esta resolución se dio tras declarar con lugar los recursos de apelación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público, revocando la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas hecha por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Rocío Tábora, detenida el 15 de noviembre de 2023 en la aduana El Guasaule, frontera con Nicaragua, y que guardaba prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán, había sido beneficiada con un cambio de medida cautelar de prisión preventiva debido a su delicado estado de salud.
La Corte de Apelaciones fundamenta su decisión en que desde el inicio del proceso existían los presupuestos que justificaban la imposición de la prisión preventiva, los cuales no han variado hasta el momento procesal actual, según el criterio de los Magistrados.
Además de ordenar la prisión preventiva, la Corte también instruyó al Instituto Penitenciario Nacional (INP) para que garantice los cuidados necesarios y eficientes para Tábora Morales, asegurando que reciba de manera constante y oportuna los medicamentos prescritos por profesionales médicos.
En el comunicado del Poder Judicial, se destaca que Tábora Morales deberá someterse a los procedimientos y terapias médicas indicadas, con posible participación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) como vigilante de esta orden judicial.
La resolución también advierte que en caso de que Tábora Morales no cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva, se procederá sin dilación según lo estipulado en los artículos 196 y 108 del Código Procesal Penal, referentes al cumplimiento de la caución y las órdenes de la Corte de Apelaciones, es decir, será declarada en rebeldía, se ordenará su captura y se instruirá a las autoridades de migración para que impidan su salida del territorio nacional.
El Caso
Rocío Tábora y otras seis personas enfrentan cargos en relación con una presunta red de corrupción público-privada, específicamente por la adquisición fraudulenta de siete hospitales móviles por un total de 47.5 millones de dólares para combatir la pandemia de covid-19, según sostiene el Ministerio Público.
Por dicha causa, el 20 de noviembre de 2023, tras la audiencia inicial, se le dictó auto de formal procesamiento, proceso que ahora deberá seguir desde prisión.
Por este mismo caso se presentó un requerimiento fiscal con orden de captura contra la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, acusada por el delito de fraude y violación de los deberes.
Aunque sus abogados anunciaron su intención de comparecer ante la justicia hondureña, hasta ahora Flores no ha hecho acto de presencia ante las autoridades competentes y se desconoce su ubicación actual.
