TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, calificó como “justicia tardía”, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
Al respecto, el titular del Poder Legislativo, señaló que ningún analista o institución ha querido analizar o profundizar respecto al fondo del problema que conlleva la sentencia de la CIDH contra el Estado de Honduras que, según estimaciones, deberá pagar unos 500 mil dólares (más de 12 millones de lempiras) a cada magistrado destituido de forma arbitraria e ilegal.
«El fondo del problema es que la Comisión y la CIDH dictó y notificó la sentencia después de más de una década de que se cometieran las violaciones a los derechos humanos, violación al Estado de Derecho, a la democracia y al pueblo hondureño», exteriorizó.
Asimismo, señaló que la sentencia tardía provocó «graves consecuencias como la venta del territorio, violación a la soberanía del país, la reelección presidencial ilegal, a tal punto, que se logró instaurar un ‘narcoestado’ que implicó un sinnúmero de muertes, violaciones de derechos, migración masiva y más pobreza para todos los hondureños».
Cabe mencionar que los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira fueron separados de sus cargos por 97 diputados del Congreso Nacional en el 2012.
Redondo arguyó que la Corte Interamericana estableció en su sentencia, que el Estado de Honduras es responsable por diversas violaciones a los derechos humanos de los exmagistrados, y le obliga hacer una reparación económica y adopción de cumplimiento de medidas.
Sin embargo, acentuó, que se vuelve obligado señalar «la inaceptable y tardía justicia de la Comisión y de la CIDH, y que ese retardo ha permitido que el pueblo hondureño sufriera graves situaciones políticas, económicas, sociales, inseguridad física y jurídica».
A la par, dijo que el retardo y el silencio de justicia permitió que el extraditado por narcotráfico y crimen organizado a Estados Unidos, instaurara un ‘narcoestado’ en Honduras con todas las consecuencias que conllevó para la nación.
El titular del Congreso, también reprochó que, de «poco o nada sirve una sentencia tardía cuando ya se han consumado todas las violaciones y delitos inimaginables a una nación, y que pudieron haberse evitado dictando una sentencia en un plazo razonable».
Por tanto, expresó que, debe quedar claro que cuando un juez, un magistrado y un tribunal nacional e internacional causa perjuicios a las personas, empresas, pueblos y a Estados derivado de sus negligencias o tardío trabajo, peor aún, a sabiendas de que está produciendo un daño grave, de igual forma, esos jueces, magistrados y tribunales nacionales e internacionales deberían tener responsabilidad civil por sus actos.
Luego de lo antes expuesto, Redondo, argumentó que eso no exime a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público a que deduzcan responsabilidad civil, penal y administrativa a los servidores públicos señalados en la sentencia de la CIDH, tal como lo ordena la Constitución de Honduras.
«Justicia tardía, no es justicia, aunque parezca justicia», subrayó Luis Redondo, quien al mismo tiempo reconoció que fue una violación que se cometió en el Congreso Nacional del 2010-2014 que presidía Juan Orlando Hernández, contra los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia destituidos ilegalmente.
