TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señaló que amenazas, extorsiones, los homicidios y el despojo de bienes y propiedades, figuran entre las principales causas que siguen generando desplazamiento forzado de personas en Honduras.
Lo anterior, pese a vigente estado de excepción instaurado desde diciembre de 2022 y que actualmente alcanza el 76% de los municipios del país.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, declaró que, de acuerdo a las quejas atendidas, la tendencia indica que, en el primer trimestre del 2024, el desplazamiento forzado de personas va en crecimiento.
Causas del desplazamiento forzado
Detalló que, entre las causas que siguen generando el desplazamiento forzado de personas figuran la extorsión, los homicidios, las tentativas de homicidios, el despojo de bienes y de propiedades, el reclutamiento forzado de niñas y niños y la violencia basada en género.
En lo que va del año, uno de los sectores más afectados son los comerciantes que son víctimas de amenazas, extorsión e incluso de tentativas de homicidios, situación que genera que estas personas abandonen sus negocios y sean objeto de desplazamiento forzado por violencia.
Extorsión sigue golpeando fuertemente
«La extorsión nos está golpeando fuertemente en el país, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con mayor incidencia en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde se concentra el mayor número de casos», expresó Reyes.
Entre el 2016 y el 2023, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH (UDFI) identificó, al menos, 8,200 casos relacionados al desplazamiento forzado, de los cuales 3,116 (38%) estaban en situación de desplazamiento y 5,084 (62%) en riesgo de desplazamiento.
Solo en el 2023, cerca de 1,700 personas denunciaron, ante el CONADEH, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado.
Violación de derechos humanos
De los casi 1,700 casos de desplazamiento forzado, atendidos por el CONADEH, en el 2023, el 62% de las personas, víctimas de esta modalidad violatoria de los derechos humanos, revelaron estar en riesgo pero que, aún no habían abandonado sus hogares, aunque su integridad y su vida está en peligro, mientras que el 38% admitió que son personas víctimas de desplazamiento forzado.
El departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 al cierre de 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.
Maras y pandillas causantes del desplazamiento forzado
Las “maras y pandillas” fueron identificadas, por las víctimas, como los principales agresores en el 30.6% de las quejas relacionadas a desplazamientos forzados.
Además, en el 27.8% de los casos, las personas peticionarias identificaron a familiares, pareja, vecinos e incluso al empleador y compañeros de trabajo.
En el 33.4% de los casos, las personas que interpusieron quejas relacionadas a desplazamiento forzado interno indicaron que “desconocían” a sus agresores, ya que las amenazas las recibieron vía telefónica o a través de notas escritas en papel.
Estado de excepción
El 03 de diciembre de 2022, el Gobierno adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022 que dio origen al estado de excepción que, hasta abril del 2024, abarca 226 municipios de los 18 departamentos del país.
El estado de excepción se implementó supuestamente para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, dar con los responsables de delitos como la extorsión, para preservar la vida, restablecer la paz y el orden en el país y luchar contra la impunidad.
Hasta ahora, dicha medida, adoptada por el gobierno, no ha dado los resultados que espera la población ya que la violencia no ha disminuido y fenómenos como el desplazamiento forzado de personas sigue en crecimiento cada año.
