TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2023, en el cual destacó abusos por el estado de excepción, así como la grave corrupción gubernamental en Honduras.
De igual forma, el documento subraya que hay abusos en lo concerniente a la libertad de expresión, debilidad en el poder Judicial, persecución de los activistas comunitarios y de la diversidad sexual.
Todas estas acciones preocupan al Departamento de Estado de los Estados Unidos por la situación que está viviendo Honduras.
Las denuncias de prácticas de tortura, tratos inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad captaron la atención de los EEUU.
En el informe de DDHH 2023, acentúa que el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), reportó 66 casos de presunta tortura o trato cruel e inhumano a detenidos y presos por parte de fuerzas de seguridad hasta agosto, mientras que el Ministerio Público recibió cinco informes de este tipo hasta julio. El cuasi gubernamental Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) recibió hasta septiembre 41 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.
La corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
CONADEH y CONAPREV denunciaron más de 100 casos de presunta tortura o trato cruel e inhumano a detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad.
El Ministerio Público reportó cinco informes de este tipo hasta el mes de julio de 2023 y el Conaprev recibió 45 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Por otro lado, las detenciones arbitrarias preocuparon a las autoridades estadounidenses principalmente las realizadas en el estado de excepción.
Mientras que la corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
Respectó a la Prisión Preventiva el informe señala la ineficiencia judicial, la corrupción y la insuficiencia de recursos retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal, y la detención preventiva prolongada fue un problema grave. Para los delitos con penas mínimas de seis años de prisión, la ley autorizaba la prisión preventiva de hasta dos años. La fiscalía podría solicitar una prórroga adicional de seis meses, pero muchos detenidos permanecieron en prisión preventiva mucho más tiempo, incluso más tiempo que el período máximo de encarcelamiento por su presunto delito. La ley no autorizaba la prisión preventiva para delitos con una pena máxima de cinco años o menos.
De igual forma, la delegación de juicios públicos justos también llamó la atención del Departamento de Estado pese a que la ley preveía un Poder Judicial independiente en el sistema de justicia no hay equipamiento y el cual a menudo era ineficaz y este sujeto a intimidación, corrupción, politización y clientelismo.
La corrupción en el gobierno también fue analizada en el informe al señalar que la ley preveía acciones penales por corrupción de los funcionarios, pero las autoridades no la implementaron de manera efectiva generando que los funcionarios continuarán en prácticas corruptas con impunidad.
Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental, para el caso, el 23 de mayo, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó haber recibido denuncias oficiales presentadas contra la exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámites irregulares de adopción y presunto cobro de sobornos. . El 26 de mayo, el presidente Castro aceptó su renuncia.
El respeto a las sociedades civiles es otro tema que no pasó por alto el Departamento de Estado al resaltar a altos funcionarios de gobierno que criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios presididos como críticas hacia el gobierno, las que tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión.
En tanto, periodistas y representantes de derechos humanos y sociedad civil se auto censuraron por temor a recibir acoso y represalias de parte del gobierno y sus partidarios. Otros denunciaron actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios, denuncias que no fueron investigadas adecuadamente por las autoridades.
El informe también incluye los abusos sociales, donde destacan los feminicidios y muertes contra miembros de la diversidad sexual, discriminación contra los pacientes de VIH-SIDA y violencia de género.
Aquí el enlace para acceder al informe completo:
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/honduras
