TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Sección de Muertes cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) en audiencia de proposición de pruebas fue notificada de la fecha del juicio oral y público en la causa instruida a ocho integrantes de la pandilla 18, presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023 en horas de la mañana.
El tribunal agendó el debate del 25 al 29 de noviembre de 2024, lo anterior tras admitir en su totalidad los medios probatorios ofertados por la FEDCV, en la audiencia de proposición de pruebas en contra de Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva y Francis Margarita Chavarría Ávila.
Las ocho pandilleras están acusadas por los delitos de asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.
Las pruebas que ofertan los fiscales suman 94, entre documentales, testificales, científicos y periciales ante el tribunal de sentencia con competencia jurisdiccional nacional de Francisco Morazán.
De acuerdo a las diligencias dirigidas por la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió a eso de las 7:45 de la mañana, en un hecho planificado las acusadas que permanecían en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas, objetos punzocortante y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.
Acto seguido las obligaron a ponerse boca abajo y luego las encerraron dentro del módulo 6 para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria, mientras esto acontecía, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.
Del mismo modo, las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y como resultado de una planificación y de un actuar en conjunto, de manera sorpresiva procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.
Mientras tanto, otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego. Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
Para cometer los ilícitos, las ocho acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes de estos crímenes, para lo cual se trabaja en distintas pericias técnicas y científicas.
