FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, señaló que, la no derogación de leyes que generan impunidad, el no fortalecimiento de los circuitos anticorrupción y los informes de organismos internacionales que indican que en el país persiste la corrupción, la impunidad y altos índices de violencia, forman parte de un “ambiente negativo” para que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
“Yo creo que el panorama no se ve muy propicio para la instalación de la CICIH”, subrayó.
Expresó que observa que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene voluntad para generar un diálogo con el Gobierno de Honduras, dado que ha enviado representantes al país y ha expuesto los requisitos para apoyar que llegue la CICIH.
Sin embargo, “pareciera que no hay la misma reciprocidad por parte del Legislativo y del Ejecutivo de Honduras”.
Puntualizó que, en el Congreso Nacional (CN), se han derogado algunas leyes que eran consideradas obstáculos para la CICIH, pero aún hay normas pendientes de derogar porque generan impunidad.
Además, “la ONU quiere un marco legislativo que le permita utilizar con mayor efectividad las leyes para efectuar el trabajo que se le pide”.
Destacó que las entidades anticorrupción creados en Honduras, lejos de ser fortalecidos, pareciera que se están desmantelando, y se refirió específicamente a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
También “este es un ambiente bastante negativo para que un mecanismo de cooperación internacional como la CICIH pueda instaurarse y convertirse en un elemento eficaz en el combate a la corrupción”, indicó.
A la vez, expuso que preocupa la tardanza en las negociaciones de Honduras con la ONU para llegar a un acuerdo para instalar la CICIH, y teme que, en caso de instaurarse, no tenga suficiente independencia para investigar y presentar casos de corrupción.
Por lo cual, refirió que con el proyecto de ley de la diputada Hortensia Zelaya Castro, que propone un plazo de cinco años para la CICIH en el país y que sea un querellante autónomo con facultades de acusador privado, el organismo internacional anticorrupción no tendría independencia para actuar en los casos de corrupción, como la tuvo la MACCIH durante su vigencia en Honduras entre 2016 y 2020.
“La MACCIH tuvo éxito por su autonomía; no estábamos para suplir a fiscales sino para acompañar y dejar capacidades instaladas”, especificó.
Cabe recordar que, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina, confirmó que el Memorándum de Entendimiento para la instalación de la CICIH, se extenderá por tercera ocasión hasta el 15 de diciembre de 2024.
