Legisladores demócratas y ONG en defensa de los derechos de los migrantes celebraron este martes el nuevo plan de regularización del presidente, Joe Biden, que permitirá a unas 500.000 personas obtener un estatus legal en Estados Unidos.
Por su parte, algunos líderes de la oposición republicana, incluyendo la campaña del expresidente Donald Trump, rechazaron la decisión e insistieron en que el demócrata está promoviendo una «invasión» de migrantes al país.
Las nuevas medidas, que serán anunciadas oficialmente este martes en un evento en la Casa Blanca, facilitan que los migrantes que no tienen un estatus legal en el país y están casados con estadounidenses puedan iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia.
El Gobierno estima que los migrantes que podrán beneficiarse de este programa han vivido en EE.UU. por un promedio de 23 años, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Desde Washington, legisladores demócratas que han presionado durante meses al Gobierno para tomar acciones favorables a los migrantes que ya están en el país aplaudieron la decisión.
«Es (una decisión) justa y debía haberse tomado hace mucho tiempo», señaló Dick Durbin, el segundo en el liderazgo demócrata del Senado, en un comunicado.
«Mientras que los republicanos y su líder ven la migración con miedo (…) Biden entiende que, con sus retos, la migración está en la esencia» del país, añadió.
Del mismo modo, la senadora Catherine Cortez Masto, la única latina en la Cámara Alta, aplaudió la medida como un gran paso adelante: «El Gobierno de Biden entiende que se puede invertir en seguridad fronteriza y defender a las familias migrantes», destacó.
Decenas de ONG en defensa de los derechos de los migrantes celebraron también el nuevo plan, tildándolo de «histórico» y señalándolo como el mayor programa de regularización en la última década.
«Es un tremendo paso adelante del presidente Biden y representa un cumplimiento de la promesa de mantener unidas a las familias», señaló Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, en un comunicado.
Pese a reconocer que las nuevas medidas son un «gran paso para arreglar el sistema de inmigración roto» de EE.UU., la directora de la ONG National Women’s Law Center, Fatima Goss, recordó que Biden también anunció hace menos de dos semanas una serie de restricciones al derecho al asilo en la frontera sur.
«Pedimos al Gobierno que dé marcha atrás a esos cambios lo antes posible», agregó la activista en un comunicado.
La oposición republicana, encabezada por su líder de facto, el expresidente Donald Trump, no tardó en rechazar las nuevas medidas.
«Biden ha creado otra invitación para la inmigración ilegal a través de una orden de amnistía», escribió la portavoz de la campaña de Trump Karoline Leavitt, en un comunicado.
Este mismo mensaje fue replicado por el senador y aliado cercano de Trump Ted Cruz, quien aseguró falsamente en su cuenta de la plataforma X que las nuevas medidas darán el derecho a los migrantes a votar.
Las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor y concederán a los migrantes la oportunidad de dar solo el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en EE.UU., que puede prolongarse por años.
Para votar, se necesita tener la ciudadanía, que se solicita tras cumplir un mínimo de 5 años con el permiso de residencia permanente.
El consejero de Trump y arquitecto de su política migratoria, Stephen Miller, también criticó el plan tildándolo de «inconstitucional».
El programa se apoya en una figura legal conocida como «parole», que otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.
Esta figura ya ha sido usada por Gobiernos anteriores, incluyendo el del republicano George Bush o el demócrata Barack Obama.
Con ese «parole», que tendrá una validez de tres años, los migrantes que entraron al país de manera irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.
En teoría, las personas indocumentadas pueden obtener la residencia si se casan con un estadounidense. Sin embargo, para hacerlo deben salir del país y acudir a una embajada, lo cual conlleva el riesgo de que se les prohíba la entrada de nuevo por periodos de 3 a 10 años, como represalia por haber estado en EE.UU. sin estatus legal. El «parole» les permitirá solicitar la residencia sin tener que salir del país.
Con información de EFE
