El Fiscal General Merrick B. Garland dijo: “Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos sufrió las consecuencias. Gracias al trabajo diligente de los agentes y fiscales del Departamento de Justicia, Hernández pasará ahora más de cuatro décadas en prisión. El Departamento de Justicia responsabilizará a todos aquellos que participen en el tráfico violento de drogas, sin importar cuán poderosos sean o qué posición ocupen”.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo: “La DEA está incansablemente enfocada en desmantelar las organizaciones de narcotráfico que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández financió su carrera política con ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Permítanme ser clara: los actores políticos que usan su poder para traficar drogas y corrupción serán llevados ante la justicia en los Estados Unidos”.
Como se refleja en la Acusación Sustitutiva, otras presentaciones ante el tribunal federal de Manhattan, pruebas en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales:
Desde al menos 2004 o alrededor de esa fecha, hasta 2022 o aproximadamente, HERNÁNDEZ, ex presidente de Honduras durante dos mandatos y ex presidente del Congreso Nacional de Honduras, estuvo en el centro de uno de los mayores y más violentos narcotraficantes.
Conspiraciones de tráfico en el mundo. Durante su carrera política, HERNÁNDEZ abusó de sus poderosas posiciones y autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a los EE.UU.
Los cómplices de HERNÁNDEZ estaban armados con ametralladoras y dispositivos destructivos, incluidos AK-47, AR-15 y lanzagranadas, que usaban para proteger sus enormes cargas de cocaína mientras transitaban por Honduras en su camino hacia Estados Unidos, protegen el dinero que ganaron con la eventual venta de esta cocaína y protegen su territorio de narcotráfico de sus rivales.
HERNÁNDEZ, recibió millones de dólares provenientes del narcotráfico de algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas de Honduras, México y otros lugares, y utilizó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña. A su vez, cuando HERNÁNDEZ llegó al poder en Honduras, brindó mayor apoyo y protección a sus cómplices, permitiéndoles mover montañas de cocaína, cometer actos de violencia y asesinato, y ayudar a convertir a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. el mundo.
Durante su mandato, HERNÁNDEZ , promovió públicamente la legislación y los esfuerzos que pretendía realizar en apoyo de las medidas antinarcóticos en Honduras. Al mismo tiempo, protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo y a quienes le proporcionaron sobornos alimentados con cocaína que le permitieron obtener y mantenerse en el poder en Honduras.
Por ejemplo, HERNÁNDEZ, confirmó selectivamente las extradiciones al apoyar y atribuirse el mérito de las extradiciones a Estados Unidos de ciertos narcotraficantes que amenazaban su control del poder, mientras que al mismo tiempo prometió a los narcotraficantes que lo sobornaron y siguieron sus instrucciones que permanecerían a salvo en Honduras.
Además, HERNÁNDEZ y sus cómplices abusaron de las instituciones hondureñas, incluida la Policía Nacional de Honduras y el ejército hondureño, para proteger y hacer crecer su conspiración. Entre otras cosas, los miembros de la conspiración utilizaron agentes de la Policía Nacional de Honduras fuertemente armados para proteger sus cargas de cocaína mientras transitaban por Honduras hacia los Estados Unidos para su eventual distribución. Los miembros de la conspiración también recurrieron a la violencia y el asesinato para proteger y hacer crecer su empresa de narcotráfico, atacando y asesinando a traficantes rivales y a aquellos que amenazaban su control del comercio de cocaína en Honduras.
Varios de los cómplices de HERNÁNDEZ ya han sido declarados culpables y sentenciados en relación con esta investigación. Entre otros, el hermano de HERNÁNDEZ, Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como “Tony Hernández”, fue declarado culpable después del juicio en octubre de 2019 y sentenciado a cadena perpetua, y Geovanny Fuentes Ramírez, un violento traficante de cocaína que se reunió con HERNÁNDEZ en múltiples ocasiones para hablar de su asociación con el narcotráfico, fue declarado culpable tras juicio en marzo de 2021 y condenado a cadena perpetua.
Juan Carlos Bonilla Valladares, alias “El Tigre”, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, se declaró culpable de su participación en la conspiración de importación de cocaína y su sentencia está programada para el 1 de agosto de 2024, y Mauricio Hernández Pineda , ex miembro de la Policía Nacional de Honduras y primo de HERNÁNDEZ, se declaró culpable de su participación en la conspiración de importación de cocaína y está previsto que sea sentenciado el 2 de julio de 2024.
En total, HERNÁNDEZ y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante el mandato de HERNÁNDEZ en el gobierno hondureño.
Además de la pena de prisión, HERNÁNDEZ, de 55 años, de Honduras, fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una multa de $8 millones.
El Sr. Williams elogió los destacados esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado («OCDETF») en Nueva York y la Oficina Nacional de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales y Sección Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
La Fuerza de Ataque de Nueva York de la OCDETF prevé el establecimiento de equipos de trabajo permanentes de múltiples agencias que trabajan lado a lado en el mismo lugar. Este modelo de ubicación conjunta permite a agentes de diferentes agencias colaborar en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para desbaratar y desmantelar a los narcotraficantes, blanqueadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes. La misión específica de la New York Strike Force es atacar, desbaratar y desmantelar organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, reducir la oferta de drogas ilegales en los EE. UU. y llevar a los criminales ante la justicia.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, David J. Robles, Elinor L.
Tarlow y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación, con la asistencia de las abogadas litigantes Andrea Broach y Jessica Fender de la Sección Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
