TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En los últimos ocho años, el desplazamiento forzado por violencia afectó a miembros de los pueblos indígenas y afro-hondureños reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente estatal que, entre el 2016 y el 2023, atendió alrededor de 180 quejas de personas víctimas de esa modalidad violatoria.
Solo en el 2023, el Conadeh atendió 42 casos de personas indígenas y afrohondureños en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría por defender su derecho a la tierra, al territorio y al ambiente.
En el 57 % de los casos, las personas denunciaron estar en riesgo mientras que, el 43 % restante que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Entre los hallazgos, el informe establece que, los pueblos indígenas y afrodescendientes más afectados fueron los Miskitus con un 76 %, los Garífunas con un 17 %, seguidos por los Lencas con un 5 % y los Negros de Habla Inglesa con un 2 %.
Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle, fueron los departamentos con la mayor concentración de las quejas de personas indígenas y afro hondureñas, en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado.
El Coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños, Frank Cruz explicó que, en el 2023, al menos 23 hombres y 19 mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes denunciaron ser víctimas de esa modalidad violatorio de los derechos humanos.
El riesgo o desplazamiento forzado de personas indígenas y afrohondureñas estuvo asociada a causas como las amenazas, asesinatos, extorsión y el despojo de tierras.
Entre los responsables de poner en riesgo la integridad física y la vida de miembros de los pueblos indígenas y afrohondureños figuran personas vinculadas a bandas criminales, pandillas y al crimen organizado.
Blanca Izaguirre, titular del Conadeh declaró que las poblaciones indígenas y afrohondureñas, además de ser parte de las poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad, enfrentan grandes barreras estructurales históricas, que se traducen en discriminación y en afectaciones a sus derechos individuales y colectivos, que contribuyen a su exclusión social.
“Es urgente que el Estado hondureño tome las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas de pueblos indígenas y afrohondureños”, recomendó.
De 138 quejas atendidas, por el Conadeh, de este sector vulnerable de la población, en el 2023, alrededor de 30 están relacionadas con amenazas a muerte, el resto con la falta de acceso a la justicia y el debido proceso legal, abusos a la propiedad privada, omisión de respuesta a peticiones, ejercicio indebido del servidor público, entre otras.
Entre las instituciones más denunciadas por las personas indígenas y afrohondureñas figuran la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional Preventiva (PNP), los juzgados de paz, de letras, las alcaldías municipales y las Fuerzas Armadas.
Honduras cuenta con la presencia de nueve pueblos indígenas y afro hondureños, los tolupanes, lencas, garífunas, Maya-Chorti, Tawahkas, Pech, Miskitus, Náhuatl y negros de habla inglesa o Creoles, que continúan siendo víctimas de patrones de violencia institucional o sistemática por parte del Estado de Honduras
