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viernes, octubre 18, 2024
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“No nos parecemos, estamos siguiendo los mismos pasos del gobierno de Nicaragua”: Armando Urtecho, directivo del COHEP

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su desconcierto ante la decisión del Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya de anular convenios con las iglesias, ya que estas instituciones contribuyen con brigadas médicas y labores de evangelización.

“O sea que aquí va a ser más fácil que entren mareros de otros países, a que venga la gente que vienen a hablar de Dios y a generar mejores condiciones. Creo que es un error de parte de la Secretaría de Gobernación”, aseveró Urtecho.

La decisión generó malestar tanto en el sector religioso como en la sociedad civil, quienes advierten sobre posibles repercusiones negativas.

Los representantes de las iglesias y diversas organizaciones civiles expresan su preocupación, advirtiendo que esta medida podría ser el inicio de una serie de restricciones más amplias. “Hoy son las iglesias, mañana van a ser las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), después los sindicatos y las organizaciones empresariales”, alertó Urtecho.

Urtecho también comparó la situación actual con las acciones del gobierno de Nicaragua, sugiriendo que Honduras podría estar siguiendo un camino similar y aconsejó al Gobierno tener precaución con estas decisiones.

“No nos parecemos, estamos siguiendo los mismos pasos del gobierno de Nicaragua”, agregó.

La polémica surge en un momento de tensas relaciones entre el Gobierno y varios sectores de la sociedad, con críticos argumentando que estas acciones podrían restringir la libertad de acción de diversas organizaciones en el país.

Urtecho insistió en que las iglesias han desempeñado un papel importante al brindar apoyo comunitario y mejorar las condiciones de vida a través de sus programas y actividades.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la actualización de los convenios es necesaria para una mejor gestión y control de las actividades de las organizaciones religiosas en el país.

No obstante, las críticas y la desconfianza persisten, con muchas voces clamando por un diálogo más abierto y transparente sobre estas medidas.

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