Una delegación de la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) pidió este lunes al Supremo de Honduras ratificar las condenas a ocho hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
La petición fue formulada en una carta entregada hoy en la Corte Suprema de Justicia de Honduras y leída en una rueda de prensa a inmediaciones de la sede del Tribunal Supremo.
“Los recursos interpuestos por la defensa aún no han sido resueltos, lo que genera preocupación por la demora en los procesos judiciales”, indicó el grupo de la Red-DESC, que inició hoy una visita a Honduras en solidaridad con el pueblo lenca, al que pertenecía Cáceres.
La resolución de los recursos de casación presentados ante la Sala Penal del Supremo hondureño “es crucial”, dijo Ana Samayoa, experta en derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
“La protección judicial efectiva es fundamental no solo para los derechos de las víctimas, sino también para defender los derechos de los acusados y mantener la confianza pública en el Poder Judicial hondureño”, subrayó Samayoa.
La misión de la Red-DESC la integran, además de Samayoa, Apolonia Agustín, del Consejo de Pueblos Mayas, y Wyatt Gjullin, de Earthrights International (ERI).
La delegación de la Red-DESC pide al Poder Judicial de Honduras la confirmación de la condena al hondureño Roberto David Castillo por el crimen de Cáceres.
Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, fue condenado en junio de 2022 a 22 años y 6 meses de prisión tras ser declarado “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista.
En diciembre de 2019 fueron condenados 4 de 8 acusados a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro.
Otros 3 fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.
Abordar recursos con celeridad
Apolonia Agustín, del Consejo de Pueblos Mayas, instó a la Sala Penal a abordar los recursos “con celeridad”, pues las acciones judiciales rápidas “son esenciales para la justicia y reflejan el compromiso de Honduras de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Agustín aseguró que la resolución de los recursos “no sólo traerá alivio a las familias afectadas, sino que también señalará el compromiso de Honduras con la justicia y el Estado de derecho”.
La Red-DESC expresó su solidaridad con la familia de Berta Cáceres y solicitó al Supremo hondureño que “garantice que estos procesos judiciales críticos se lleven a cabo con la urgencia que ameritan”, según la misiva.
La delegación internacional indicó que busca además “avances y una respuesta clara” del Tribunal Supremo sobre los pasos que se están dando para “hacer justicia a las víctimas” del asesinato de Berta Cáceres.
“Es imperativo que se haga justicia no sólo para Berta, sino también para su familia y toda la comunidad afectada por esta trágica pérdida”, apuntó la misión internacional.
Con información de EFE
