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jueves, noviembre 21, 2024
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Por violaciones procesales recusan a juez que lleva caso de Marco Vallecillo

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El abogado defensor del juez Marco Vallecillo, acusado del delito de extorsión, Frank Orellana, presentó este miércoles una recusación formal en contra del también togado, Juan Carlos Colindres Ortez, alegando violación del derecho a la defensa y al debido proceso en el sonado caso.

La solicitud fue recibida por los Juzgados de Corrupción, Extorsión y Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

Orellana destacó en su escrito que el 21 de agosto se interpuso una denuncia ante el Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), donde se señala al juez Colindres Ortez como responsable de «violentar derechos constitucionales y procesales».

Según el argumento del abogado, las acciones del juez son incompatibles con los principios de lealtad a la justicia.

El profesional del derecho señaló que, durante la audiencia de declaración de imputado, celebrada el 18 de agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó que el testigo protegido identificado como «TN01» rindiera su declaración a través de la figura de prueba anticipada y protección de testigos.

La defensa solicitó que Vallecillo Banegas y Nelson Omar Sierra Flores, otro de los acusados, estuvieran en la sala durante la declaración.

Sin embargo, el juez ordenó que ambos fueran retirados del recinto judicial, una acción que Orellana considera una violación del derecho de su cliente a estar durante los actos que involucren elementos de prueba.

Orellana también argumentó que el juez Colindres Ortez violó el debido proceso al dar lugar a las peticiones del Ministerio Público, mientras que las solicitudes de la defensa no fueron atendidas de la misma manera.

«El juez ha violentado el derecho de defensa de nuestro representado», afirmó el profesional del derecho.

El abogado finalizó la recusación solicitando que el expediente sea remitido a la Corte de Apelaciones para que otro juez natural sea asignado a la causa en la audiencia inicial, programada para el 23 de agosto de 2024.

«Esperamos que se resuelva de conformidad a derecho y a la brevedad posible», concluyó Orellana.

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