TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Tras comparecer en audiencia de imputados, el juez que conoce la causa decretó detención judicial para el exministro de Salud, Arturo Bendaña, y tres personas más acusadas por fraude en la compra de más de 224 millones de lempiras.
Los restantes imputados que comparecieron son el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, Nelson Geovany Alvarenga y Vanessa María Urbizo.
Los apoderados Félix Ávila (Carlos Octavio) y Doris Imelda Madrid (Arturo Bendaña) dijeron que en la audiencia inicial pedirán el sobreseimiento para sus representados.
La audiencia inicial fue programada para el jueves 29 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.
La vocera de los Juzgados de Letras, Bárbara Castillo, comunicó que Bendaña sea remitido a Medicina Forense, y luego a una clínica privada para una evaluación por orden del juez.
Los cuatro imputados serán remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara.
Los delitos que imputa el Ministerio Público son fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada «extrafinanciamiento» para cometer delitos en contra de la salud.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el perjuicio que causó las compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio fue de 224 millones 994 mil 921.30 lempiras.
Los otros imputados son Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez y Reynaldo Leiva Suazo.
Operación y encubrimiento
El documento de la Fiscalía también menciona que una parte significativa del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, quien mediante resoluciones favorables hacia las empresas involucradas, permitió que el Estado se viera forzado a pagar cifras infladas.
Estas resoluciones, según se indica, estaban respaldadas por actas e informes fraudulentos.
El MP concluyó que este caso evidencia un plan orquestado de corrupción que, bajo la apariencia de legalidad, desvió recursos críticos para la salud pública, afectando la vida de miles de hondureños.
