El Gobierno de Venezuela llamó «farsante» a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, luego de que la diplomática manifestara la preocupación de su país por una reciente reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar.
«Irresponsable, farsante y sinvergüenza», expresó el Gobierno venezolano en referencia a Dogu, quien dijo sentirse sorprendida tras ver que el ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, estaban sentados «al lado de un narcotraficante en Venezuela».
Además, la diplomática afirmó que fue «un poco decepcionante ver oficiales del Gobierno (hondureño)» junto a «miembros de un cartel basado en Venezuela», cuando la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, «está en una lucha constante contra los narcotraficantes».
Maduro: Dogu juzga y miente
En respuesta, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, quien dijo que la embajadora estadounidense «juzga y miente», aseguró que EE. UU. es el que «ha construido grandes autopistas para el tráfico de cocaína por el océano Pacífico», y lo acusó de usar «la llamada guerra contra las drogas para financiar grupos fascistas, bandas paramilitares y golpes de Estado».
«También lo usan para tapar y proteger a los verdaderos dirigentes políticos vinculados y al frente de carteles narcoparamilitares como sucedió con conocidos expresidentes de Colombia, México y, recientemente, en Honduras. Muy cerca de ella están los verdaderos capos que inundan EE.UU. de drogas», señaló el Gobierno chavista.
Asimismo, expresó que a la nación norteamericana «le duele» que Padrino López, al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), haya «propinado una derrota a su pretensión de establecer una ruta de drogas» en Venezuela.
Por su parte, el Gobierno hondureño calificó las declaraciones de la diplomática como «peligrosas», «irresponsables» e «incorrectas», y notificó a la embajada estadounidense en Tegucigalpa la decisión de «dar por terminado» el tratado de extradición bilateral.
