Los senadores estadounidenses Jim Risch, de Idaho, y Chuck Grassley, de Iowa, manifestaron este viernes su preocupación por los planes del gobierno de Honduras de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos.
«Estamos profundamente preocupados por los planes del gobierno hondureño de rescindir su tratado de extradición con los Estados Unidos. Nuestro tratado ha sido una herramienta eficaz de aplicación de la ley, como lo demuestra la extradición de varios narcotraficantes y al menos un traficante de personas de Honduras a los Estados Unidos solo este año», indicaron Risch y Grassley en el portal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
De igual manera, los senadores compartieron con la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, la «sorpresa» ante las reuniones de altos funcionarios hondureños con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a quien la justicia estadounidense acusa de ser narcotraficante.
Risch y Grassley recordaron que, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones formales contra 15 funcionarios venezolanos actuales y anteriores, incluido Vladimir Padrino, por presuntamente colaborar con altos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
«Esta organización terrorista tiene como objetivo utilizar la cocaína como arma para ‘inundar’ los Estados Unidos», manifestaron.
Al finalizar la declaración, los senadores expresaron su esperanza de que el gobierno hondureño, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, y el estadounidense de Joe Biden, «vuelvan a comprometerse con la implementación sólida de nuestro tratado bilateral de extradición y la lucha contra criminales transnacionales como Maduro en Venezuela».
Fin de las extradiciones
El miércoles 28 de agosto, la presidenta Castro ordenó a la Cancillería dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos. Ese mismo día, el canciller Eduardo Enrique Reina presentó la notificación a la embajada estadounidense en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
La medida fue tomada en respuesta a las declaraciones de la diplomática Laura Dogu, quien expresó su preocupación y decepción por el encuentro de funcionarios hondureños con «un narcotraficante en Venezuela».
El gobierno hondureño calificó los cuestionamientos de Dogu como injerencistas, considerándolos ataques y amenazas con la intención de desestabilizar al país.
Xiomara Castro afirmó el jueves que no permitirá que el tratado de extradición sea utilizado para “intimidar o chantajear” a las Fuerzas Armadas de Honduras.
Trarado de extradición
El acuerdo de extradición fue suscrito en 1909 y entró en vigencia en 1912, pero las extradiciones de hondureños, en su mayoría acusados de narcotráfico, no comenzaron hasta 2014. Desde entonces, Honduras ha entregado a la justicia estadounidense a cerca de 50 hondureños.
Entre los extraditados se encuentra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en junio pasado a 45 años de prisión y cinco más de libertad condicional por un tribunal de Nueva York, por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.
El Gobierno de Estados Unidos urgió el jueves al de Honduras repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición.
El pacto seguirá en vigor hasta marzo de 2025 ya que lo suscrito establece que «cualquiera de las Partes Contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con seis meses de anticipación».
