FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la administración de Xiomara Castro, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, consideró que, algunas de las últimas determinaciones de la titular del Poder Ejecutivo son un retroceso para el país.
A través de una carta pública que tituló, Xiomara Castro: El Estado narco y los narco partidos, la socióloga expuso “le tocó a la primera mujer presidenta, la señora Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, retroceder a Honduras al statu quo legal en materia de extradición, como era antes del año 2012. Lo ha hecho para evitar que narcotraficantes y criminales sean extraditados a Estados Unidos”.
Amplió que la decisión de Castro de denunciar el tratado de extradición el 28 de agosto, “con su familia”, es “una acción que protege a narcotraficantes y traiciona el interés nacional de combatir el crimen y el delito”.
Puntualizó que, “ante el rechazo generalizado, exceptuando a los miembros de Libre”, la denuncia del acuerdo de extradición ha generado una “Teoría de la Conspiración: Un Golpe de Estado, con Estados Unidos como gran conspirador”. Esto hace referencia a las declaraciones de Castro sobre el salvamento de las Fuerzas Armadas y la prevención de chantajes.
Subrayó que, “el último día de agosto, el telón se corrió un poco más, y conocimos que el primer ‘General’ salvado es Carlos Zelaya Rosales”, ya que él anunció su renuncia como secretario del Congreso Nacional y diputado, tras admitir que se reunió con narcotraficantes en 2013.
Destacó que, desde el inicio de su gobierno, Libertad y Refundación (Libre) tenía el objetivo de eliminar la extradición, pero de una manera diferente, “pisó la línea de riesgo” al recordar que el 2 de marzo de 2023, el Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal remitió al CN una propuesta de Ley de Extradición.
Asimismo, relacionó la destitución del exsecretario de Seguridad, Ramón Sabillón, el 20 de junio de 2023, con la coyuntura actual.
Recordó que Sabillón, efectuó la captura del exdiputado liberal, Midence Oquelí y que, durante sus 17 meses en el cargo, no pudo hablar con la presidenta Castro.
“Era un funcionario incómodo; la excusa para destituirlo llegó cuando 46 mujeres fueron asesinadas el 20 de junio en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), unas calcinadas y otras tiroteadas. La ‘indignación fue tan grande’ que la presidenta Castro destituyó al ministro el mismo día”, enfatizó.
Resaltó que, “para denunciar el tratado de extradición, la excusa vino de otra mujer, la embajadora Laura Dogu, el 28 de agosto, al referirse a lo decepcionante de ver al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor Conjunto de Honduras reunidos con el ministro de Defensa de Venezuela, acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos”.
Añadió que, “el bálsamo para esta nueva ‘indignación’ fue denunciar el Tratado de Extradición”.
En el documento refirió sobre hechos relevantes que han agitado el panorama político en las últimas semanas, como la pérdida de peso parlamentario de Libre, la retención del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la corrupción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la captura del juezMarco Vallecillo, acusado de extorsión.
También sobre la captura del exsecretario de Salud, Arturo Bendaña, acusado de fraude en la compra de medicamentos y material médico quirúrgico, es otro hecho relevante. Castellanos sugiere que “el Ministerio Público quiere desviar el debate del tema de la captura del juez y la corrupción en la CSJ”.
Dijo que, Bendaña fue detenido tres días después del fracaso en la aprobación del presupuesto electoral, y el problema radica en el artículo 3, con “procedimientos técnicos que generan justificadas dudas”, para extorsionar al Partido Nacional y obligarlo a aprobar los fondos necesarios para el CNE.
Aludió que, aunque Libre no lo acepte, la denuncia del tratado de extradición perjudica a Libre y a la familia presidencial.
Sustenta que el nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Defensa, genera un conflicto de interés que afectará la confianza en la misión de las Fuerzas Armadas (FF.AA) durante el proceso electoral.
Además, no descarta que Libre esté buscando un sustituto para Carlos Zelaya como secretario del Poder Legislativo.
Insistió que, “por todo esto, Libre ha emprendido un camino sin retorno: continuar en el poder, ya sea ganando las elecciones o perdiéndolas. Un panorama complejo en el que no se descartará ninguna opción. Veremos si lo logran. Dependerá de la capacidad de respuesta institucional del Estado, de los liderazgos de los partidos políticos, de la sociedad y de los electores”.
“Ya hemos visto a los mismos actores provocando una crisis política e institucional en 2009 con consecuencias profundas y dolorosas para el país. Hoy, desde otro partido, la crisis se reedita. La respuesta solo debe ser de la mano de la legalidad y la institucionalidad del Estado de Derecho”, concluyó.
