TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia contra dos jueces, a quienes acusa de haber favorecido con amnistía a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, procesados por delitos relacionados con la administración pública. La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, según informó Gabriela Castellanos, directora del organismo.
“El CNA ha presentado una denuncia, ante el Ministerio Público, dirigida a dos togados, a dos jueces, en donde aplicaron precisamente lo que el Congreso Nacional, muchos diputados y diputadas aprobaron, como el Decreto 04-2022, en donde no hay más que impunidad”, señaló Castellanos.
La abogada explicó que dicho decreto fue concebido para perdonar delitos comunes y políticos, pero no aquellos relacionados con la administración pública.
Sin embargo, varios jueces habrían utilizado esta normativa para beneficiar a exfuncionarios vinculados al expresidente Zelaya y a la actual administración de la presidenta Xiomara Castro.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, comentó que la denuncia es en contra de dos jueces, uno del Juzgado de Ejecución y el otro es un togado de letras de lo penal.
Agregó que los togados son acusados por la comisión del delito de prevaricato judicial por favorecer a estos exfuncionarios con la aplicación de la Amnistía Política.
“Los dos impartieron justicia selectiva y se rindieron ante débiles argumentos”, declaró la directora del CNA en conferencia de prensa.
Señaló que estos jueces beneficiaron a exfuncionarios cometieron actos ilícitos en el ejercicio de su función pública, pero que fueron beneficiados con solo argumentar que eran “persecuciones políticas” sus procesos judiciales en su contra.
El CNA reprochó que estos jueces hayan sobreseído de sus cargos al exministro de la presidencia Enrique Alberto Flores Lanza; y el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Antonio Chimirri Castro.
“Los casos de Marcelo Chimirri y Enrique Alberto Flores Lanza refuerzan la idea que en Honduras impera la impunidad y debilita la lucha contra la corrupción”, expusieron.
Flores Lanza, actual asesor presidencial, fue condenado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, recibió amnistía, resultando en un sobreseimiento definitivo y la cancelación de órdenes de captura en su contra.
Además, Flores Lanza fue beneficiado en otros tres expedientes relacionados con delitos contra la administración pública, subrayando la amplia aplicación de la amnistía
Por su parte, Chimirri Castro, quien actualmente no ostenta un cargo de alto perfil, pero sigue formando parte de un círculo que apoya al gobierno y sus decisiones, fue condenado por enriquecimiento ilícito en 2017, logró la extinción de su responsabilidad penal bajo el argumento de que las acusaciones eran políticamente motivadas debido a su cercanía con el expresidente Manuel Zelaya.
Este enfoque en la motivación política permitió que su condena quedara sin valor y efecto.
Castellanos explicó que estos casos evidencian el uso inapropiado del decreto para proteger a aliados políticos.
La denuncia también menciona que los acusados alegaron ser víctimas de persecución política tras el golpe de Estado de 2009, un argumento que, de acuerdo con el CNA, fue atendido de manera expedita por los jueces responsables.
“El decreto 04-2022 se ha utilizado como una puerta abierta para que funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 puedan acogerse a este pacto por actos propios del ejercicio de su función pública”, declaró Castellanos.
Asimismo, la directora del CNA acusó al Congreso Nacional de haber entregado la “llave maestra” para garantizar la impunidad de estos casos, mediante la aprobación de leyes diseñadas para proteger a ciertos personajes.
“Regalar impunidad es fácil cuando los diputados saben que se encuentran protegidos mediante el decreto 117-2019, la famosa impunidad parlamentaria”, afirmó, en referencia a las leyes que blindan a los legisladores de ser investigados.
Castellanos señaló que la responsabilidad recayó finalmente en los jueces, quienes habrían aplicado este instrumento jurídico para favorecer a sus aliados políticos. La denuncia subraya que los magistrados impartieron justicia selectiva basándose en argumentos débiles.
Según la denuncia, uno de los acusados justificó la persecución legal por su cercanía con el expresidente Zelaya, mientras que el otro aseguró que su condición de funcionario público lo convirtió en un objetivo para los operadores de justicia.
“Ninguno se refirió a las verdaderas razones, es decir, los delitos por los cuales fueron acusados”, concluyó Castellanos, y anticipó que estos procesos están marcados por arreglos políticos que socavan la justicia y abren la puerta a futuras amnistías.
Entre tanto, el investigador del CNA, Luis Urbina, expresó que la impunidad está apremiando el territorio hondureño indicando que el decretó de Amnistía puede fomentar que cuando haya un cambio de gobierno, todos los casos judicializados del Ministerio Público, sean beneficiados con esta figura alegando persecución política.
Como se hacía con el gobierno anterior, el actual va con las mismas prácticas, increpó.
Confirmó que solicitarán al Ministerio Público que inicien un proceso de antejuicio contra estos dos jueces.
Reveló que los togados denunciados son Víctor Méndez (juez de letras de lo penal) y Alma Jacqueline Paz (jueza de ejecución), pero que en la actualidad ya no se están desempeñando en estos cargos.
