FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Ante la controversia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque la presidenta Rebeca Raquel Obando, habría participado en un caso en el que hay conflicto de intereses, por tratarse de su exyerno, Guillermo Noriega, el presidente de Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, dijo que la titular del Poder Judicial debió haberse excusado por ese caso.
Puntualizó que, “aunque el parentesco ya no exista, el conflicto de interés sigue presente. En estos casos, lo mejor es que la presidenta se aparte y permita que otro magistrado se encargue”.
Por su lado, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, denunció irregularidades en el manejo de expedientes, entre ellos el de Noriega, “hay un montón de familiares a los que les están arreglando los problemas”.
Por tanto, exhortó al jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), a investigar este caso con detenimiento.
Desde la CSJ, han negado cualquier irregularidad, de acuerdo con versión oficial versión oficial, la designación de Obando y otros magistrados en la Corte de Apelaciones se realizó con el orden de precedencia.
Además, han asegurado que la presidenta no tuvo acceso ni leyó el expediente relacionado con Noriega.
Sin embargo, un documento de marzo de 2023 confirma que Obando fue parte del tribunal que conoció el caso, junto a otros dos magistrados, donde los nombres de Noriega y su hija Claudia Noriega figuraban como acusados.
La implicación de la presidenta en este caso ha puesto nuevamente en duda la independencia y transparencia del sistema judicial hondureño, según algunos abogados que opinaron sobre el tema.
El tema ha generado suspicacia en el ámbito jurídico tras conocerse que la magistrada presidenta se autodesigno como magistrada en la Corte de Apelaciones para conocer un caso de presunta corrupción que involucra a su exyerno.
Cabe señalar que, uno de los puntos más temibles es que el expediente de Noriega, acusado de lavado de activos, se extravió y está siendo reconstruido sin la participación del Ministerio Público (MP), lo que ha generado aún más sospechas.
