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miércoles, septiembre 25, 2024
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Xiomara Castro entrega al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, segundo borrador de convenio para la llegada de la CICIH

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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entregó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, el segundo borrador del convenio para la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).

Este avance representa un paso significativo en el compromiso del país de fortalecer la lucha contra la corrupción, manifestó el canciller Enrique Reina a medios de comunicación en Nueva York, Estados Unidos.

El documento entregado, según un comunicado de Cancillería de Honduras, establece que la CICIH mantendrá su independencia y autonomía, y funcionará como un acusador privado en los procesos judiciales que le correspondan.

Dicha característica busca asegurar que el mecanismo actúe de manera imparcial y sin injerencias externas, garantizando su capacidad de investigar y enjuiciar casos de corrupción de alto impacto en el país.

Este segundo borrador incluye las observaciones acordadas tanto por el Gobierno de Honduras como por la ONU y retoma aspectos que fueron previamente discutidos en el primer borrador presentado en septiembre de 2023.

La presidenta Castro reafirmó que la CICIH contará con las garantías necesarias para llevar a cabo su misión, incluyendo inmunidades y competencias legales, así como la cooperación de la Fiscalía General del Estado.

Durante la reunión, la presidenta Castro enfatizó la importancia de culminar el proceso de negociación con este convenio para formalizar la llegada de la CICIH a Honduras.

En ese aspecto, el canciller Eduardo Enrique Reina, presente en el encuentro, explicó que la expectativa ahora es que Naciones Unidas revise y responda al borrador entregado para avanzar hacia la firma del convenio.

«Lo que esperamos es que Naciones Unidas nos dé su respuesta para proceder con la suscripción del convenio y llevarlo al Congreso Nacional», señaló el canciller Reina. Una vez suscrito, el convenio será enviado al Congreso para su discusión y posterior aprobación, lo que permitirá la implementación oficial de la CICIH en el país.

Observaciones aceptadas y duración de la CICIH

Uno de los elementos más relevantes que se incluyeron en este segundo borrador es el concepto jurídico de acusador privado, un aspecto que fue presentado y aceptado por ambas partes.

El proyecto de Ley Especial para la instalación de la CICIH, que contempla este concepto, ya está en su segundo debate en el Congreso Nacional de Honduras, impulsado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya.

Tal acuerdo contempla que la CICIH tenga una duración inicial de 5 años, con la posibilidad de extenderse otros 5 años, dependiendo de los resultados obtenidos y de la decisión final de la ONU.

Esto garantizará que el mecanismo tenga el tiempo necesario para cumplir con su labor y generar un impacto positivo en la lucha contra la corrupción en el país.

El compromiso del gobierno

La presidenta Castro destacó el compromiso y la voluntad política de su gobierno para asegurar la llegada y el funcionamiento de la CICIH, un mecanismo que fue una de sus promesas de campaña.

Durante el encuentro, reconoció el trabajo y disposición de los equipos técnicos de Honduras y la Subsecretaría General de la ONU, liderada por Miroslav Jenca, para avanzar en este proceso de instalación.

Este esfuerzo representa un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras, y refleja la respuesta del gobierno ante la demanda ciudadana de contar con un mecanismo que asegure la transparencia y la justicia en el país.

El camino hacia la implementación de la CICIH

La creación de la CICIH responde a la solicitud presentada por el gobierno hondureño el 14 de febrero de 2022, y desde entonces, se han realizado varios esfuerzos para concretar su llegada.

El memorándum de entendimiento firmado en diciembre de 2022 y las sucesivas renovaciones demuestran la determinación del gobierno de Castro para consolidar un mecanismo que contribuya a la erradicación de la corrupción.

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