TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Centenares de campesinos e indígenas de Honduras marcharon este miércoles en Tegucigalpa para exigir justicia por el asesinato de los ambientalistas Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, y Juan López, el pasado 14 de septiembre.
Mujeres, niños y hombres participaron en la marcha que salió desde el Parlamento hasta la Casa Presidencial, donde los manifestantes exigieron la ratificación de las condenas a ocho hombres por el homicidio de la activista Berta Cáceres y esclarecer el asesinato del defensor ambiental Juan López.
Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual Cáceres era coordinadora y cofundadora, «la impunidad en el caso de Berta Cáceres implica el riesgo y la continuación de asesinatos contra defensores de derechos humanos y del territorio» en el país, como el reciente caso de Juan López.
Los manifestantes, convocados por la Plataforma Agraria, se concentraron en las afueras de la sede del Ejecutivo para pedir al Tribunal Supremo de Honduras que confirme la sentencia a Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, por ser «coautor intelectual» del asesinato de la activista.
Cuatro de los ocho acusados fueron condenados en 2019 a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.
Los manifestantes, que portaban mantas y pancartas en reclamo a sus derechos, solicitaron a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que cumpla las promesas que les hizo al asumir el poder, y exigieron que el Gobierno proteja la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para Berta Cáceres, Juan López y todos los «mártires de la defensa ambiental».
Además, demandaron una investigación «pronta, transparente y diligente» para que el asesinato de Juan López no quede impune, y consideran «imperativo» que las autoridades garanticen justicia para el ambientalista y todos los defensores ambientales que han muerto en la lucha por proteger los territorios.
López, quien era coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, defendía el río Guapinol y se oponía a un proyecto minero que afecta al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras».
Por este caso, el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras ha acusado a 13 personas, entre ellos empresarios del proyecto minero, por daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos.
Con información de EFE
