FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Durante la ceremonia del Día del Soldado hondureño, la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, insistió que, Honduras tendrá elecciones transparentes y alternabilidad en la Presidencia.
Expresó “Este día haciendo honor al ejemplo de general Morazán, y en mi condición de comandante general de las Fuerzas Armadas quiero garantizar al pueblo hondureño que con nuestra ministra de la Defensa, Rixi Moncada y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, los altos mandos de las FFAA, oficiales, clases y soldados cumpliremos bajo cualquier circunstancia, con el mandato constitucional de defender la integridad territorial, la soberanía de la república, mantener la paz y el imperio de la constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, aseveró.
Amplió “el próximo 9 de marzo del 2025 el pueblo hondureño tendrá elecciones limpias, libres y transparentes para la realización de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos”.
A la vez, aseguró “estaremos celebrando el triunfo de nuestra democracia en las elecciones generales”.
Aseveró que se dispondrá de “todas las herramientas y la tecnología que requiere la FF.AA., la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional para darle seguridad al pueblo hondureño, para combatir el crimen o rganizado y el narcotráfico”.
Asimismo, la mandataria hondureña refirió que “el Congreso Nacional (CN) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han cumplido con la patria al derogar la oprobiosa Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo económico (ZEDE) que vendía nuestro territorio al capital transnacional y violentaba nuestra soberanía”.
“Es constitucional, Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, esta histórica sentencia reconoce la legitimidad de la ley que condena el golpe de estado del 28 de junio del 2009”, dijo sobre el decreto 4-2022 emitido en el CN en el primer mes de su gobierno.
Destacó que, Honduras renunció al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), porque “no volveremos a someternos a tribunales arbitrales corporativos internacionales que actúan en contra de los intereses de nuestro país”.
