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sábado, noviembre 23, 2024
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REDH urge la aprobación de presupuestos para organismos electorales y fiscales

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La aprobación de los presupuestos tanto para la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es urgente, especialmente de cara a las elecciones primarias que se celebrarán el próximo 9 de marzo de 2025.

Ambas instituciones han solicitado fondos al Congreso Nacional para asegurar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

Es por ello, que el director ejecutivo e integrante de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), Geovany Argueta recalcó que la aprobación de estos presupuestos debe ser una prioridad para el Congreso Nacional.

“Es esencial que el financiamiento para la fiscalización de las campañas se apruebe de manera oportuna, ya que garantiza la transparencia y evita que recursos de procedencia ilícita se infiltren en la política”, declaró.

Argueta recordó que no es novedad que “el dinero del narcotráfico y del crimen organizado se infiltra en las campañas políticas”, algo que ha sido evidente en los últimos procesos electorales.

En este contexto, miembros de la REDH expresaron su preocupación por la demora en la aprobación de los presupuestos, que pone en riesgo la capacidad de los organismos electorales para realizar su labor de fiscalización.

Representantes de la REDH han sostenido reuniones con magistrados del TJE, quienes manifestaron problemas con la asignación de fondos.

La misma situación afecta a la Unidad de Política Limpia, lo que compromete la supervisión efectiva de las campañas.

La Unidad de Política Limpia, encargada de supervisar el financiamiento de las campañas políticas, ha solicitado un presupuesto de 124.467.239,98 lempiras para la fiscalización de las elecciones primarias.

Por su parte, el TJE ha pedido 82 millones de lempiras para cubrir gastos operativos y administrativos esenciales para sus funciones en los comicios primarios y generales.

Para finalizar, Argueta señaló que la aprobación del presupuesto para estas instituciones no debe considerarse un tema secundario; es un asunto prioritario para la democracia del país.

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