TEGUCIGALPA, HONDURAS.
CONADEH informó al Grupo de Trabajo de la ONU que, pese al asesinato de Juan López, al 16 de octubre del 2024, el Estado hondureño no ha adoptado las medidas de protección para el resto de los 19 beneficiarios de la medida cautelar otorgada por la CIDH.
Aquí el comunicado íntegro:
La persistencia de violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguan y la importancia que el Estado hondureño atienda con seriedad las muertes violentas contra defensores de derechos humanos y campesinos es parte del informe que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) remitió al Relator de la ONU del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
En el documento se establece que, si bien el Estado de Honduras suscribió y dio muestras de avances con la instalación de la Comisión de la Verdad para el conflicto del Bajo Aguán, aún se siguen registrando violaciones de derechos humanos en la zona.
Además, que se requiere que el Estado hondureño atienda con seriedad los asesinatos que aún se reportan en dicha región en perjuicio de personas defensoras de los derechos humanos y campesinos.
Asimismo, que la Comisión de la Verdad, aunque se encuentra trabajando en su instalación, la misma avanza con muy poca celeridad, lo que, a su vez, se traduce en un aumento progresivo de la problemática.
En el informe se establece que sólo en el 2023, el CONADEH registró la muerte de 16 defensores de derechos humanos de los cuales 15 se dedicaban a la defensa del ambiente, tierra y territorio, incluso algunos de estos contaban con medidas protección para garantizar su derecho a la vida y el derecho a la integridad personal.
Se detalla que, el departamento de Atlántida fue escenario de tres asesinatos de los cuales, dos eran defensores de la tierra y del territorio y uno del ambiente, otros tres asesinatos se registraron en Yoro, de los cuales, dos eran defensores de la tierra y otro defensor de los derechos humanos de la tribu Tolupán.
El departamento de Colón también fue escenario de nueve asesinatos, tres de ellos integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, dos integrantes de la Cooperativa “Los Laureles”, dos de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Gregorio Chávez vez”; uno de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada y otro de la Empresa Asociativa Campesina Isletas.
En el 2024, el CONADEH registró la muerte de cuatro defensores de los derechos humanos, de los cuales, dos defendían la tierra y territorio, otro era socio de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvío y, el caso del asesinato de Juan López, integrante del Comité de Defensa de Bienes Comunes, funcionario público de la Corporación Municipal de Tocoa, Colón y líder religioso de la zona.
Respecto, al asesinato de Juan López, ocurrido en el 14 de septiembre, recién pasado, el CONADEH destaca que era uno de los 20 beneficiarios de la Medida Cautelar MC-137-23 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 05 de octubre de 2023.
Añade que previo a su asesinato, el Estado de Honduras no adoptó las medidas de protección, aún y cuando el CONADEH emitió una Alerta Temprana en la que advirtió su acentuada situación de riesgo por “la falta de adopción de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las y los Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.”
El CONADEH también informó al Grupo de Trabajo de la ONU que, pese al asesinato de Juan López, al 16 de octubre del 2024, el Estado hondureño no ha adoptado las medidas de protección para el resto de los 19 beneficiarios de la medida cautelar.
Además, posterior al registro del asesinato y las eventuales denuncias y exigencias públicas de las personas integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, su situación de riesgo aumenta exponencialmente por múltiples factores.
Entre estos menciona los discursos públicos de deslegitimación de algunos altos funcionarios públicos respecto de los reclamos planteados por los beneficiarios de las medidas cautelares.
Las respuestas del CONADEH a las interrogantes planteadas por el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales serán analizadas y debatidas por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2024, y contribuirán a determinar sus cuestiones prioritarias para el próximo bienio.
