Varios países latinoamericanos han apostado recientemente por declarar o prolongar estados de excepción destinados a combatir el crimen organizado, aunque hasta ahora los resultados de esos esfuerzos han mostrado poca evidencia de éxito.
En los primeros días de octubre, los gobiernos de Ecuador, Honduras y El Salvador prorrogaron los estados de excepción en los tres países.
Por lo general, esta medida implica la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, correspondencia o reunión, entre otros. Al mismo tiempo, designa a las Fuerzas Armadas como apoyo a la policía en la gestión de la criminalidad, o la militarizan.
En Ecuador, Daniel Noboa declaró nuevamente la medida en el marco del “conflicto armado interno” que decretó en enero de este año, a pocos meses de asumir el poder y en lo que fue la primera vez que utilizó el recurso del estado de emergencia. Esta vez lo hizo por un lapso de 60 días en cantones de 8 provincias, lo que incluye a Quito, además de declarar toque de queda en 20 localidades.
Por otro lado, Honduras lleva más de 20 meses en estado de excepción, y el ejecutivo lo extendió por 45 días más. También está motivado por la lucha contra el crimen organizado, en particular “el delito de extorsión”, según el primero de los decretos que se publicó a principios de diciembre de 2022 y se renovó por decimosegunda vez.
Finalmente, en El Salvador, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la extensión del régimen de excepción de Bukele por 30 días adicionales, hasta el seis de noviembre, en lo que fue la prórroga número 31 y la segunda desde agosto, cuando el mandatario planteó la posibilidad de prescindir de la medida, vigente desde 2022.
Otros países de la región también han implementado medidas similares. El 25 de septiembre, el Senado chileno respaldó una nueva prórroga del estado de excepción en la llamada Macrozona Sur, con el objetivo de prevenir acciones violentas enmarcadas en el conflicto entre el gobierno y poblaciones indígenas.
Pocos días después, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó estado de emergencia en un distrito del Callao y otros 13 de la provincia de Lima mediante un Decreto Supremo que se publicó el viernes 27 de septiembre. La decisión fue producto de una creciente oleada de extorsiones por pago de cupos y homicidios a transportistas.
Hace un mes Haití extendió su estado de emergencia al 100% del país en una de las peores crisis humanitarias en la historia de la nación. Jamaica también ha utilizado con frecuencia esta medida, con un estado de emergencia activo desde el 13 de septiembre en la Parroquia de Clarendon y generando la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) fechado en junio de 2023, en América Latina y el Caribe se declararon “al menos 30 estados de excepción entre abril de 2020 y abril de 2023” en ese momento, a los que se suman los declarados en 2024 y los citados en este artículo.
Análisis de InSight Crime
El frecuente uso de los estados de excepción por varios gobiernos de América Latina reporta ventajas operativas, políticas y mediáticas de carácter inmediato, pero no tantos resultados prometidos, y acarrea riesgos cuando la medida se prolonga.
A nivel político, permite acallar a la oposición y complacer a la ciudadanía; y a nivel operativo, disponer del ejército y de mayor flexibilidad legislativa. Sin embargo, pocos países logran reducir los índices de criminalidad y existen preocupaciones sobre violaciones a derechos humanos.
Lejos de ser una novedad, el aparente éxito del modelo Bukele repuntó la popularidad regional de esta medida para enfrentar el crimen organizado. Si bien los resultados que tiene para curvar los homicidios y otros crímenes violentos son diversos según el país, hay otra serie de motivos que parecen fomentar su utilización.
A veces esta medida es la única herramienta porque “los gobiernos no tienen una verdadera política de seguridad ciudadana, y llegan a este problema para ejercer la autoridad” frente a sus rivales políticos, explicó a InSight Crime Edward Holfman, académico y analista en seguridad.
Por otro lado, les permite mostrar a la población “que realmente se están tomando medidas drásticas” y refuerza su imagen de políticas “mano dura”, frente a una sociedad que “lo que quiere es sentirse segura sin importar cómo”, explicó el experto.
Según el CSIS, los gobiernos pueden esperar “tres ventajas básicas” adicionales al declarar un estado de excepción. Por un lado, habilita “desplegar fuerzas militares para gestionar la seguridad interna” —o militarizar la policía—, y disponer de ese personal para, en segundo lugar, rápidamente saturar zonas al “desplegar una gran presencia de seguridad pública en un área en peligro”, interrumpiendo la cotidianidad del crimen organizado. Finalmente, en línea con Holfman, a veces simplemente se presenta como “la única herramienta práctica” para enfrentar el delito en áreas con escasa presencia del estado.
Además del posible retroceso en derechos humanos, la aparición de una “crisis perpetua” es una preocupación, según el reporte del CSIS. Ecuador y Haití tienen los decretos vigentes desde enero y marzo de este año, respectivamente, mientras que El Salvador, Honduras y Chile remontan los inicios de la emergencia a 2022, con sucesivas prórrogas ininterrumpidas hasta el día de hoy. Jamaica también declaró sucesivos estados de excepción, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha expresado insistentemente su preocupación por el uso reiterado del recurso”.
Los resultados también son cuestionables.
Si bien El Salvador logró someter a las pandillas y bajar el índice de homicidios de 36 por 100.000 en 2019 a 2,4 en 2023, las preocupaciones por violaciones a derechos humanos abundan. Chile declaró un marcado descenso de la violencia rural en la macrozona sur respecto a años anteriores en la última extensión de la medida, pero otros países no tuvieron tanto éxito en su aplicación.
En Perú, según fuentes oficiales, la Policía detuvo a 1.248 personas en lo que va del estado de emergencia. Sin embargo, los atentados no cesan: el miércoles 9 de octubre, un criminal detonó un explosivo en un estacionamiento de ómnibus del distrito Independencia. Días antes, en el Callao, cuatro personas fueron asesinadas por un sicario que fingió ser pasajero. Honduras es otro país que tuvo una fallida estrategia de mano dura y Ecuador no logra mejorar su situación, con Durán como epicentro criminal y de violencia.
