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viernes, noviembre 22, 2024
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CSJ admite recurso de amparo a favor de Nasry Asfura contra actuaciones de UFERCO y juez

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este martes, un recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, en contra de las acciones emprendidas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y el juez del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, aclaró que el recurso fue admitido “a prevención”, lo que significa que en esta fase no se ha pronunciado la Sala Constitucional respecto a la suspensión del proceso en cuestión.

Duarte detalló que, en caso de que el amparo se admita con el “acto reclamado”, el procedimiento judicial en curso quedaría suspendido hasta nuevo aviso, según detalló en declaraciones a la prensa.

El Poder Judicial confirmó esta decisión a través de un comunicado: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admite a prevención recurso de amparo presentado contra las actuaciones de UFERCO y decisión del Juzgado de primera instancia en la causa que involucra al exalcalde capitalino Nasry Asfura y otros”.

En un procedimiento previo, un juez de primera instancia había aceptado los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Asfura y otros imputados.

Hermes Ramírez, abogado defensor de Asfura, explicó que la apelación fue presentada debido a que el equipo legal no estaba conforme con la decisión del juez de no remitir el caso a la Corte Suprema, aludiendo a una excepción en el proceso.

El abogado también indicó que la admisión de la apelación fue notificada el pasado viernes, y que el Ministerio Público ha recibido un plazo de tres días para responder a los alegatos presentados por la defensa.

Ramírez afirmó que la intención es que el órgano superior revise las decisiones tomadas por el tribunal inferior en relación con este caso.

Por último, el defensor hizo hincapié en que una de las acusadas, Nilvia Castillo, es diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que su situación legal deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de máximo tribunal del país.


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