TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Una funcionaria de la Policía Nacional, utilizó su arma de reglamento contra un ciudadano que se desplazaba en bicicleta durante un requerimiento policial suscitado en Marcala, La Paz.
De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, los uniformados realizaban un patrullaje de rutina en el barrio San Andrés, cuando observaron a un hombre que se desplazaba en una bicicleta de manera sospechosa, los funcionarios le hicieron señal para que detuviera su marcha y este se negó.
Ante la negativa del ciudadano, procedieron a requerirlo, pero el individuo supuestamente realizó un gesto amenazante, llevando una mano a la cintura, lo que provocó que la agente Karla Vásquez disparara su pistola hiriendo al hombre en la mano izquierda.
La víctima alegó entre llanto y dolor que “no tire nada. Yo soy una persona honrada, que no merezco esto… Muchas veces me registran, pero nunca me han tirado un tiro».
El ciudadano herido, identificado como Deivis Adán Pineda, fue trasladado al centro de salud local y luego referido al Hospital Suazo Córdoba, en la ciudad de La Paz, para recibir atención médica.
Autoridades de la Policía Nacional emitieron un comunicado en el cual alegan que la oficial disparó “como prevención” al ver que el ciudadano afectado “hizo un movimiento raro”, dando a entender que el joven quien no portaba arma alguna, iba a atacarla.
Aquí el comunicado:
La Policía Nacional remitió al Ministerio Público (MP) a la agente donde se llevó una audiencia para esclarecer el incidente.
La conciliación en casos de uso de la fuerza policial permite establecer responsabilidades y evaluar si la reacción del agente fue proporcional y justificada, buscando evitar procesos judiciales prolongados.
El hecho se produjo durante un patrullaje de rutina en el barrio San Andrés, donde una agente de la Policía Nacional disparó contra un ciudadano al interpretar que su movimiento hacia la cintura representaba una amenaza.
La intervención policial en este tipo de situaciones es delicada, ya que los agentes deben evaluar rápidamente si la persona podría estar intentando acceder a un arma.
La decisión de dejar en libertad a la agente sugiere que, tras la evaluación de los hechos, se consideró que la reacción de la funcionaria fue contingente y bajo el principio de legítima defensa o protección ante una amenaza percibida.
No obstante, este tipo de resoluciones también pueden generar cuestionamientos en la opinión pública respecto al uso de la fuerza y al procedimiento seguido por las autoridades por lo que se informa que hay un compromiso del más alto mando policial de mejorar los protocolos de actuación, fortalecer la capacitación en manejo de situaciones de riesgo y toma de decisiones bajo presión para minimizar el uso letal de la fuerza en contextos urbanos.
La Policía Nacional ha remitido un informe oficial que detalla las conclusiones del MP para evitar malentendidos y mantener la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden.
Así mismo se informa que se mejorará la Implementación de acciones de acercamiento con la población en Marcala, para prevenir conflictos y fortalecer la colaboración ciudadana con la Policía Nacional.
Para concluir, el caso refleja la complejidad inherente en la labor policial, donde los agentes deben actuar rápidamente para proteger su integridad y la de terceros.
La conciliación fue una vía para resolver el conflicto sin consecuencias legales adicionales, pero es importante asegurar que este tipo de incidentes se aborden con transparencia y responsabilidad para evitar que se repitan en el futuro.
