TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Desde su exilio en Nicaragua, y mediante una extensa carta, el exministro de la presidencia, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz Lupian, denuncia que está siendo objeto de persecución política y que se le han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución.
El exfuncionario asegura que la intención es dejarle indefenso a acusaciones mediáticas y judiciales sin pruebas que acrediten la responsabilidad que se le pretende achacar.
Indicó que el Ministerio Público inició un juicio selectivo y mediático, alegando que hace acusaciones malintencionadas y sin fundamento, que han sido vertidas de manera calumniosa ante la opinión pública.
Añadió que el ente acusador lo denuncia porque en sus cuentas bancarias hay un monto superior a los 51 millones de lempiras, pero que no pudo sustentar en su informe pericial, y que solo lo presentó para perjudicarlo.
Díaz detalló que el Ministerio Público contabiliza varias veces los mismos ingresos para sumar cantidades estratosféricas para que pudiesen ser exhibidas en la opinión pública, que intenta justificar de manera ilegal una sentencia confiscatoria de los bienes.
Aseveró que estos bienes fueron ganados con el sudor de su frente y que era un ahorro para mantener la educación de sus hijos y manutención familiar.
Agregó que el MP contabilizó como nuevos ingresos los créditos que resultan de los movimientos entre las cuentas bancarias de su propiedad, indicando que lo tratan de ingresos diferentes.
Reprochó que el ente acusador se tomó arbitrariamente el período de 2017-2022 para que las cifras resulten infladas, llamativas y alimentar con ello el morbo público.
Recordó que en 2022, el MP solicitó al Poder Judicial la suspensión del secreto bancario con relación a las cuentas que tenía en el sistema financiero, a su vez, la autorización permitió que todos los entes relacionados brindarán toda la información para una investigación patromonial.
Seguidamente, argumentó que el MP reconoce en su informe pericial que el 90 % de los ingresos que percibió de 2017 al 2021 son producto de pagos por diferentes conceptos como funcionario del Estado, siendo que más del 80 % fueron hechos por la administración de Casa Presidencial.
Afirmó que cuando se retiró como funcionario del gobierno para aspirar a una diputación, recibió ingresos como aportes de particulares a la campaña política del proceso electoral del 2021, y fueron depositados en cuentas bancarias autorizadas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
Lamentó que el MP y el Poder Judicial no le dieran validez a la constancia emitida por la Unidad de Política Limpia.
Díaz enfatizó que el MP no encontró hallazgos que indiquen que recibió pagos ilegales o que se haya quedado con fondos sin liquidar en la relación laboral que mantuvo con Casa Presidencial.
Anunció que presentará un recurso de apelación e inconstitucionalidad contra las entidades correspondientes por violación a las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Aquí el Comunicado íntegro publicado por Ebal Díaz:
A mis hijos, a mi familia, a la memoria de mis padres, a mis amigos de verdad, a los que me conocen y saben quién soy, a mis correligionarios y a quienes quieren conocer mi versión y hacer un juicio objetivo sin la ceguera y el sesgo político, a ustedes y no a otros, doy mi versión con relación a la sentencia de privación de dominio del saldo de mis cuentas bancarias por presumir que los depósitos hechos en las mismas eran de origen ilícito.
1.- Que he sido y sigo siendo objeto de persecución política en la que se me han violentado todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que Honduras es parte, como la presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso, derecho al honor y buen nombre, entre otros, corrompiendo el sistema de justicia y pretendiendo dejarme en indefensión mediante acusaciones mediáticas y judiciales sin pruebas que acrediten la responsabilidad que se me pretende achacar.
2.- Con este propósito, el Ministerio Público inició un juicio selectivo y mediático, haciendo acusaciones malintencionadas y sin fundamento, basadas en falsedades que han sido vertidas de manera calumniosa ante la opinión pública, indicando, por ejemplo, que en mis cuentas bancarias se encontraron movimientos por un monto “superior a los 51 millones de lempiras”, cifra que el mismo Ministerio Público no pudo sustentar en el informe pericial acusatorio, el cual se usó solamente para perjudicarme, haciéndolo público en contra de la misma ley, pese a haberse demostrado claramente en el juicio la falsedad de esa cifra, que solo demuestra una manipulación perversa de la información a la que la ley y los jueces les permiten tener acceso.
3.- A manera de ejemplo, el informe del Ministerio Público contabiliza varias veces los mismos ingresos para sumar cantidades estratosféricas que, de manera calumniosa, pudiesen ser exhibidas ante la opinión pública para lograr justificar ilegalmente una sentencia CONFISCATORIA de los bienes ganados honestamente con el sudor de mi frente y cuyo ahorro mantenía para la educación de mis hijos y manutención familiar. Como ejemplo, un mismo certificado de depósito de los ahorros logrados con mi salario fue contabilizado como un ingreso diferente y nuevo en cada renovación; este hecho, inclusive, es reconocido por el mismo Ministerio Público como un “error” en sus falsas pericias. Como en el caso anterior, se vuelven a sumar los saldos de cada cuenta bancaria a los ingresos del año siguiente como nuevo ingreso, inflando infinitamente las cifras, y luego, de manera alevosa, el Ministerio Público me dice que tengo que justificar dichos montos que solo existen en su maquiavélica imaginación, y esta trampa es avalada por la jueza en su sentencia como “información confiable”.
4.- También se contabilizaron como nuevos ingresos los créditos que resultan de movimientos entre las cuentas bancarias de mi propiedad, como si se tratara de ingresos diferentes, como si alguien que se pasa 10 lempiras de la bolsa izquierda a la bolsa derecha del pantalón varias veces hubiera mágicamente convertido estos 10 en 1,000 lempiras. Además, se toma arbitrariamente el periodo que va de los años 2017 a 2022, es decir, seis (6) años, para que las cifras resulten infladas y llamativas y alimentar con ello el morbo público que estimulan perversamente, a pesar de que ni en 2017 ni en 2022 yo ejercía la función de Secretario de la Presidencia por la que se me persigue.
5.- El Ministerio Público solicitó en el año 2022 al Poder Judicial la suspensión del secreto bancario con relación a las cuentas bancarias que yo tenía en el sistema financiero nacional y, con ello, logró autorización para que todos los entes relacionados brindaran toda la información para una investigación patrimonial objetiva. El Ministerio Público obtuvo toda la información y, en su mismo informe pericial, reconoce que el 90% de los ingresos que percibí desde 2017 al 2021 son producto de pagos por diferentes conceptos como funcionario del Estado de Honduras, siendo más del 80% de esos pagos hechos por la Administración de Casa Presidencial, que fungía como mi empleador. Pese a tener la información fidedigna, el Ministerio Público decidió iniciar un juicio calumnioso basado en apreciaciones falsas, manipulando la información y desechando la objetividad con la que está obligado a actuar en todos los casos.
6.- Adicionalmente, al retirarme del cargo público para aspirar a una diputación, recibí ingresos como aportes de particulares a la campaña política en el proceso electoral del año 2021. Estos recursos fueron depositados en cuentas bancarias debidamente autorizadas conforme a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos para este fin y liquidados oportunamente ante la misma institución del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (Política Limpia), la cual me entregó la constancia de haber cumplido con el deber de liquidar los fondos en tiempo y forma.
7.- Pese a lo anterior, el Ministerio Público y la jueza del Poder Judicial no le dieron validez a la constancia emitida por este órgano del Estado, argumentando que es mi obligación probar el origen lícito de los recursos que los particulares, entre ellos personas jurídicas y naturales, hicieron como donaciones a la campaña política referida. ¿Será que el Ministerio Público y el Poder Judicial miden con la misma vara a todos los candidatos en cualquier nivel electivo (presidentes, diputados, alcaldes), como me lo exigen en este caso? Y la jueza, siguiendo el son que le canta el Ministerio Público, dice que esta cuenta queda fuera del análisis, pero sí suma sus valores o créditos a la suma total como fondos de origen ilícito.
8.- A pesar de los documentos aportados por mi defensa en el juicio, el Ministerio Público alegó sin pruebas ni base legal alguna que los pagos que recibí del Estado de Honduras bajo diferentes conceptos son de origen ilícito. A pesar de no tener, a la fecha, por parte del Tribunal Superior de Cuentas un solo reparo en mi contra, por el contrario, este órgano constitucional publica en su página web que se auditó la administración de fondos de Casa Presidencial en los años que van del 2017 al 2022 y NO ENCONTRÓ hallazgos que indiquen que recibí pagos ilegales o que me haya quedado con fondos sin liquidar en la relación laboral que mantuve con Casa Presidencial. Estos informes, que son públicos y de acceso a cualquier persona, son ignorados a propósito por el Ministerio Público en sus análisis y pericias.
9.- Debo resaltar que los pagos en diferentes conceptos que recibí del Estado de Honduras a través de diferentes instituciones como Casa Presidencial y Gabinete de Seguridad, los recibían también los funcionarios que estaban en la misma condición. Sin embargo, el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, decidió enjuiciarme de manera selectiva por haber recibido esos ingresos, en lo que constituye un verdadero linchamiento público, presumiendo sin prueba alguna la ilegalidad e ilicitud de los actos administrativos que dieron lugar a esos pagos que recibí como empleado.
10.– El Ministerio Público y la jueza del Poder Judicial han aplicado un proceso administrativo y judicial diferenciado y discriminatorio. Se han admitido pruebas y dictámenes en el último minuto del juicio a favor del Ministerio Público, sin haber dado acceso previo a la audiencia del juicio a mi defensa, violentando con ello el derecho al debido proceso, el derecho a una defensa oportuna y efectiva y el derecho a proponer prueba. En la misma línea, la jueza descalifica el 100% de las pruebas presentadas para mi defensa bajo argumentos como que el informe pericial de mi defensa carece de metodologías que no describe ni exige la ley o reglamento alguno para estos juicios. También se ha obstaculizado mi derecho a comparecer en juicio por los mecanismos permitidos por la ley, haciéndolos engorrosos e imposibles de cumplir, y finalmente, de manera arbitraria, se han desechado todos los medios de prueba presentados, como decretos, constancias oficiales, acuerdos de nombramiento, que acreditan la legalidad de esos pagos, etc., bajo argumentos no jurídicos o abiertamente arbitrarios.
11.- Mi defensa presentará los recursos que manda la ley, tratando de lograr un resultado justo y amparado en derecho. Sin embargo, frente a la arbitrariedad con la que hasta ahora han actuado los operadores de justicia, es difícil creer que esta vez sí se actuará correctamente. Conociendo la motivación real detrás de este juicio, no soy optimista para esperar un resultado diferente; sin embargo, sé que el tiempo y la justicia harán evidente la verdad de mi caso y lucharé para obtener reparación contra el daño que se me ha causado, aunque para ello deba acudir a las instancias internacionales. Abrigo aún la esperanza de que haya jueces valientes, que, a pesar de las presiones y amenazas a las que son sometidos en este y otros casos similares para fallar contra su conciencia, sean capaces de valorar OBJETIVAMENTE sin sesgos de orden político las pruebas y argumentos presentados en este juicio.
12.- Ante estas crueles circunstancias que no solo me amenazan a mí, sino a cualquier hondureño que actualmente y en el futuro ejerza o ejerzan la función pública, estamos preparando desde ya los recursos de amparo e inconstitucionalidad contra las evidentes violaciones a garantías constitucionales y a los derechos humanos de los que he sido objeto. Soy consciente de que la ceguera, el odio y la sed de venganza de quienes están dispuestos a manipular el sistema de justicia hacen difícil en este momento una debida valoración de mi caso en los tribunales hondureños; no obstante, seguiré luchando porque se haga justicia.
1 de noviembre de 2024
Ebal Díaz
“La ley no ha sido instituida para ser un instrumento de opresión”: Montesquieu
