TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, recibió ayer viernes en Tegucigalpa un informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los trabajos de seguimiento, mecanismos y medidas cautelares para la protección de personas y de la situación en la zona del Bajo Aguán.
Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras en sus redes sociales, destacando que Reina se reunió con miembros de la CIDH, quienes le presentaron el informe.
La presentación de los resultados preliminares la hizo la comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras, dando a conocer «los puntos principales, las medidas y acciones en el combate a la criminalidad y a las violaciones de derechos humanos que existen en el país», agregó.
Señaló además que Pochak agradeció al Gobierno de Honduras por «la apertura, la buena disposición de trabajar con la CIDH, las facilidades y la logística prestada para la realización de estas medidas y de apoyar este proyecto de ayuda social que vendrá a beneficiar a los ciudadanos hondureños y crear un ambiente de paz».
Pochak destacó «el importante avance en buscar fortalecer el mecanismo de protección, la Comisión Intersectorial para el cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana, la Comisión.
Tripartita y otros avances logrados» por el Gobierno que preside Xiomara Castro.
El canciller hondureño «expresó que las estructuras criminales que existen son difíciles de combatir, pero la presidenta Xiomara Castro ha estado trabajando fuertemente en la promoción y defensa de los derechos humanos para hacerles frente y que el hondureño vaya sintiendo ese apoyo de parte de la mandataria».
Según la Cancillería hondureña, la misión de la CIDH posteriormente «hará comentarios y recomendaciones».
El Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de Honduras es cuestionado por organismos humanitarios y otros sectores que consideran que no cumple plenamente con sus funciones.
Eso se refleja en las múltiples denuncias de violaciones y crímenes contra defensores de derechos humanos y ambientalistas asesinados en el presente siglo.
Reconocidos ambientalistas como Berta Cáceres y Juan López, fueron asesinados pese a que tenían medidas cautelares de protección de la CIDH.
Cáceres fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, oeste del país, el 2 de marzo de 2016, mientras que López el pasado 14 de septiembre, en Tocoa, Colón, en el Caribe.
El 31 de octubre de 2023, luego de una visita a Honduras, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Irene Khan, dijo en Ginebra que el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras debe responder a la violencia, las campañas de desprestigio y la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas.
Señaló además que «el sistema legal y judicial en Honduras no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a la seguridad de los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales», lo que no ha cambiado en el último año, según diversos sectores hondureños.
Juan López, quien también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica, fue asesinado en el interior de su vehículo.
El ambientalista se oponía a un proyecto minero aduciendo que está situado en una zona protegida y afectará los ríos Guapinol y San Pedro.
En Colón y otras regiones del país muchos defensores del ambiente son perseguidos y amenazados de muerte con frecuencia.
Según Khan, «los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros, siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial».
Con información de EFE
