TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público obtuvo sentencias de hasta cinco años de cárcel para tres implicados en el caso “Fraude sobre Gualcarque”, vinculado a la lucha de la ambientalista Berta Cáceres.
Roberto David Castillo Mejía, expresidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), recibieron cinco años de prisión, una multa de 380,795.06 lempiras y la inhabilitación por el doble de la pena.
Por su parte, el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda, lo condenaron a tres años y un mes de prisión y siete años y un mes de inhabilitación por falsificación de documentos y usurpación de funciones.
Las investigaciones de UFERCO, iniciadas tras denuncias de Cáceres, revelaron irregularidades en concesiones que afectaban a la comunidad indígena Lenca, demostrando que los acusados facilitaron contratos irregulares a favor del proyecto hidroeléctrico Gualcarque.
El presidente de DESA, también vinculado al asesinato de Cáceres, ocupaba simultáneamente un cargo en la ENEE, participando en sesiones de su junta directiva donde se discutieron contratos que beneficiaban a su empresa.
