En América Latina, la violencia hacia las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves de derechos humanos.
A pesar de avances legislativos en países como Chile y México, millones de mujeres enfrentan violencia física, sexual y psicológica diariamente en sus hogares y comunidades.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 se registraron al menos 3.897 feminicidios en 27 países de la región, equivalente a 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género.
Estos crímenes, en su mayoría, permanecen impunes debido a factores culturales, sociales y económicos que perpetúan la desigualdad.
Honduras lidera con la tasa más alta de feminicidios en la región: 7,2 casos por cada 100.000 mujeres, seguido de República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4). Aunque países como Chile, Haití y Guatemala reportan tasas menores, las cifras no reflejan la magnitud real debido a deficiencias en el registro de casos.
Entre el 63 % y el 76 % de las mujeres en América Latina han sufrido algún tipo de violencia por parte de parejas o familiares.
A nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual alguna vez en su vida, según ONU Mujeres.
Este organismo, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentará el informe “Feminicidios en 2023” el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que inicia la Campaña Únete, con 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre.
Aunque la mayoría de los países de la región han adoptado leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la implementación es deficiente.
La falta de recursos, corrupción y resistencias culturales dificultan el cumplimiento de estas normativas. Movimientos feministas como “Ni Una Menos” han sido clave para visibilizar el problema y exigir medidas efectivas.
Chile: legislación pionera y desafíos persistentes
Chile cuenta con leyes avanzadas, como la Ley de Violencia Intrafamiliar de 1994, la Ley 20.066 de 2005, la Ley Gabriela de 2020 y la Ley de Acoso Sexual en Espacios Públicos de 2019.
Estas normativas buscan prevenir la violencia, sancionar a los agresores y proteger a las víctimas, incluyendo la ampliación del concepto de femicidio para abarcar cualquier asesinato motivado por el género.
No obstante, en 2023, se reportaron 51 femicidios y 134.116 denuncias policiales por violencia de género, donde el 86 % de las víctimas fueron mujeres y niñas. Además, ocurrieron 51 agresiones sexuales diarias, una cada 28 minutos.
A pesar de los avances legales, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para identificar y sancionar a los responsables, generando un clima de pesimismo.
Casos recientes, como el del exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, han resaltado la falta de efectividad en la aplicación de las normativas, poniendo en duda los avances logrados.
México: crisis alarmante de violencia machista
México enfrenta una de las crisis más graves de violencia de género en América Latina. Desde 2015, un promedio de diez mujeres es asesinadas diariamente.
Entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 2.624 asesinatos de mujeres, incluyendo 598 feminicidios y 2.026 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, las denuncias alcanzaron cifras récord en 2024: 214.572 casos de violencia familiar, 4.996 de violencia de género y 16.398 de violación.
El país ha avanzado significativamente en su marco jurídico. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, reconoció diversas formas de violencia y estableció mecanismos de protección como refugios y asistencia jurídica.
En 2011, México tipificó el feminicidio como un delito autónomo, estableciendo su investigación bajo un enfoque especializado en todo el territorio nacional.
La creación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) permite atender emergencias relacionadas con violencia feminicida en zonas de alto riesgo.
En 2020, las leyes de paridad de género y de violencia política contra las mujeres reforzaron la igualdad en procesos democráticos y protegieron a mujeres en cargos públicos.
Además, los protocolos de investigación de feminicidios obligan a las autoridades a actuar con perspectiva de género, aunque la implementación sigue siendo un desafío.
América Latina enfrenta una crisis estructural en la lucha contra la violencia de género. A pesar de leyes pioneras y movimientos sociales potentes, la falta de recursos y voluntad política limita la eficacia de las medidas.
Por este motivo, es urgente reforzar las capacidades de los sistemas judiciales y policiales, promover la educación en igualdad de género y garantizar la rendición de cuentas para los agresores.
Solo así será posible reducir la violencia machista y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres en la región.
Con información de EFE
