TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, recuerda a la justicia hondureña, especialmente a los investigadores de la matanza de 46 mujeres privadas de libertad durante un atentado planificado a lo interno de la cárcel de mujeres, que existen pendientes investigaciones que no han sido tomadas en cuenta como ser, la identificación de los autores intelectuales y/o facilitadores del abominable hecho criminal.
“No fue una simple riña entre grupos delictivos contrarios, fue más que eso”, insistió la funcionaria quien pide que “no culpen sólo a 9 mujeres privadas de libertad. Es absurdo e inverosímil creer que ellas actuaron solas”, escribió la funcionaria.
«Nueve mujeres están siendo enjuiciadas hoy en un caso de alta magnitud, no debería considerarse una investigación concluyente y definitiva, menos cuando se trata a toda vista de un engranaje criminal de alto alcance en el que habrían participado otros miembros del crimen organizado en contubernio, por acción u omisión de servidores policiales activos, que de investigarse a estas estructuras, se tendrían casos robustos en contra del hampa nacional y transnacional», señaló la viceministra quien dirige el despacho en Asuntos Policiales.
La reacción de la funcionaria se da en relación a que el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada resolvió en audiencia preliminar dictar el auto de apertura a juicio oral y público para nueve mujeres acusadas del crimen de otras 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina y de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, Francisco Morazán, a partir del 25 al 29 de noviembre del presente año.
«Es inverosímil, estos hechos jamás debieron haber ocurrido puesto que ninguna muerte bajo custodia debe de ser tolerada sin la respectiva investigación amplia y coherente, indagaciones, pesquisas imparciales que promueva justicia y no aporten a la famosa impunidad de la que ya estamos acostumbrados y hartos», reclamó la funcionaria.
Villanueva, dijo poseer también todas las notas, oficios e informes presentados en cumplimiento de su deber durante el periodo de dos meses cuando estuvo al frente de la comisión Interventora en Centros Penales en un trabajo compartido con los abogados especialistas en criminalidad organizada Mario Chinchilla (Q.D.D.G) la experta en derechos humanos y cárceles, Sandra Rodríguez y el directorio policial del Instituto Nacional Penitenciario (INP), todos ellos subalternos de la actual cúpula policial de la Secretaría de Seguridad.
«La ocurrencia de estos hechos no debe verse solo como un simple antagonismo entre grupos delincuenciales contrarios, sino a una planificación siniestra en la que debe observar el correcto accionar de las autoridades, investigar a los servidores públicos policiales por asociación y/o cooperación para facilitar acceso a armas, municiones, material incendiario e inclusive manipulación durante y posterior a la escena del crimen, retraso y negligencia en la investigación, oscurantismo u omisión que no pueden ni pasar desapercibidos en el sistema investigativo, ni tampoco aislarse de un caso de esta magnitud en un Estado de Derecho», apuntó la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
