TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El juicio oral y público contra ocho mujeres acusadas de la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Honduras, el 20 de junio de 2023, se celebra este martes bajo rigurosas medidas de seguridad.
Las ocho acusadas, cuyo juicio comenzó el lunes y finalizará el próximo viernes en Tegucigalpa, son «presuntas responsables» del crimen múltiple, según el Ministerio Público (Fiscalía), que este martes presentó cuatro medios de prueba testifical y el dictamen de análisis comparativo de video forense.
Una novena no ha comparecido porque la defensa solicitó que el juicio oral y público se desarrollará posteriormente, según la Fiscalía.
Las procesadas llegaron este martes a la Corte Suprema de Justicia en un camión militar, vestidas con un uniforme anaranjado y esposadas de manos y pies.
Los alrededores del Supremo amanecieron resguardados por decenas de agentes de seguridad pública.
Las investigaciones indican que todo ocurrió hacia las 07:30 horas locales (13:30 GMT) del 20 de junio de 2023, en «un hecho planificado».
«Las acusadas, que estaban en dos módulos de la PNFAS, «usaron armas de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas, objetos punzocortantes y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria».
«Acto seguido obligaron a ponerse boca abajo y luego las encerraron dentro del módulo 6 para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria, mientras esto acontecía, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar», añade un informe de la Fiscalía.
Señala además que las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y como resultado de una planificación y de un actuar en conjunto, de manera sorpresiva procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.
Las otras 23 reclusas, según la Fiscalía, «al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas, cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego».
Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
Para cometer los ilícitos, «las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal once pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría».
Según defensores de derechos humanos, las cárceles de Honduras, que ahora están bajo el control de la Policía Militar de Orden Público (PMPO), son «trampas mortales» en las que no se le garantiza la vida a ningún privado de libertad, ni siquiera en las tres denominadas ‘cárceles de máxima seguridad’ que hay en el país.
Con información de EFE.
