La presidenta ofreció instalar un mecanismo internacional para hacer justicia en casos de corrupción. Lejos de cumplir, el oficialismo hondureño sigue sin dar respuestas.
La fiscalía hondureña sigue sin dar noticias sobre una de las investigaciones más importantes que tiene entre manos, la que involucra a Carlos Zelaya Rosales, ex congresista y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, por un video en el que él aparece negociando un soborno con Los Cachiros, la banda más letal del narcotráfico hondureño.
El video, grabado en 2013, se hizo público en septiembre de este año y motivó la apertura de un expediente en el Ministerio Público. Desde entonces, sin embargo, poco se sabe de las pesquisas y del paradero de Zelaya Rosales.
Son investigaciones como esta, en las que están implicadas personas con suficiente poder político para evadir la justicia o corromper a fiscales o policías locales, las destinadas a recibir apoyo del mecanismo supranacional de investigación criminal que el gobierno de Honduras lleva años negociando con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Xiomara Castro: llevar a su país un mecanismo avalado por la ONU para apoyar a la fiscalía local con investigaciones de altos vuelos, capaces de desarmar redes de narcotráfico, meter en la cárcel a políticos y empresarios corruptos e impulsar una reforma encaminada a limpiar la mancillada judicatura hondureña. Castro está a un poco más de un año de dejar la presidencia y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que es como se bautizó al mecanismo, sigue lejos de instalarse Honduras.
Una comisión apoyada por expertos de la ONU, financiada por la comunidad internacional, independiente de las presiones políticas internas y con capacidades técnicas para seguir dineros robados del tesoro nacional o blanqueado por narcotraficantes, parecía una receta idónea para Honduras, un país cuyo último presidente, el antecesor de Castro, cumple en Estados Unidos una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, y cuyos poderes públicos, desde la presidencia hasta los gobiernos locales, su congreso y órgano judicial, se han visto comprometidos por la influencia de los grandes traficantes de cocaína.
Hasta ahora la comisión apenas existe en el papel. Hay, sí, un memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Honduras y la secretaría general de las Naciones Unidas, y ya un panel de expertos enviados por la ONU visitó Tegucigalpa, la capital, para hacer recomendaciones específicas. Aun así, casi cuatro años después de aquella promesa, la CICIH no parece más cerca de instalarse en Honduras.
La ruta de navegación ha sido larga, pero el puerto aún no aparece en el horizonte. Todo empezó en febrero de 2022, cuando en el arranque del gobierno de Castro, el congreso hondureño aprobó un megadecreto que incluía una provisión para la eventual instalación de CICIH.
Uno de los artículos del decreto habla de una comisión “que funcione de forma independiente… con énfasis en inteligencia y análisis financiero, y las acciones punitivas para combatir formalmente el saqueo de bienes públicos… (La entidad) debe estar dirigida por profesionales de reconocida honorabilidad, seleccionados por el Estado de Honduras de una propuesta de Naciones Unidas”.
El mismo decreto, el 4-2022, autoriza a la presidenta Castro a negociar con la ONU los términos para dar vida al convenio que daría vida a CICIH, el cual tendría que ser propuesto formalmente por el Estado hondureño a través de la presidencia y aprobado por el Congreso Nacional.
Este paso es esencial porque la comisión tendrá, se supone, poder de investigación y querella en las cortes del país, lo que implica que el Ministerio Público, el único autorizado por la Constitución para ejercer esas funciones, ceda parte de esa soberanía.
Para diciembre de 2022, el gobierno de Castro y representantes de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, habían firmado un memorándum de entendimiento que establecía una hoja de ruta para la negociación de los términos de creación e instalación de la CICIH, que si se atiende a antecedentes de negociaciones similares con otros países de Centroamérica, sobre todo cuando se instaló una comisión internacional de este tipo en Guatemala a mediados de la década 2000, incluirían asuntos como la capacidad de los agentes de la comisión para litigar en los tribunales locales, previsiones para garantizar la independencia política de estos agentes, financiamiento e inmunidades.
Hubo reuniones en Tegucigalpa y Nueva York para echar a andar la hoja de ruta, que incluye una primera fase para evaluar las capacidades instaladas por el Estado hondureño, entrenar a funcionarios que eventualmente trabajarán de la mano con la comisión y, entre otras cosas, definir reformas penales y legales necesarias para el buen funcionamiento de la CICIH.
Hubo algunos avances y retrocesos varios. Poco antes de que el gobierno hondureño firmara el memorándum de entendimiento con la ONU, la diputada oficialista Xiomara Hortensia Zelaya -hija de la presidenta Castro- propuso una reforma constitucional que contempla incluir la creación de la CICIH en la ley primaria.
Desde la oposición política y sectores de la sociedad civil, sin embargo, se advirtió de que aquel era un intento por retrasar la llegada de la comisión, ya que una enmienda constitucional requiere en Honduras de dos legislaturas.
El oficialismo se desentendió de esos señalamientos y los tildó de ataques partidarios. Infobae intentó contactar a la diputada Zelaya para conversar sobre esto pero no hubo respuesta.
Fue hasta septiembre de 2023, cuando ya una misión ad hoc de la ONU había visitado cuatro veces Honduras, que el gobierno Castro entregó a Naciones Unidas una propuesta de convenio para dar vida a la CICIH. Muy pronto, sin embargo, el mismo gobierno declaró reserva de información sobre esas y otras negociaciones internacionales.
En experiencias previas de negociaciones entre organizaciones multinacionales y gobiernos centroamericanos para instalar comisiones como esta, en específico en Guatemala y El Salvador, es en esta etapa de negociaciones que se definen los detalles que, a la postre, pueden dar más o menos colmillos al trabajo de investigación y querella penal a sus agentes y garantizarles más o menos independencia de los poderes locales. El gobierno de Xiomara Castro, sin embargo, ha echado llave a esas conversaciones.
Un país cercenado por el narco
Honduras ya había tenido una comisión supranacional llamada a apoyar a la fiscalía local en casos de incidencia política, crímenes complejos o que involucraran a poderes criminales, políticos y empresariales.
El experimento, que apenas duró cuatro años, destapó algunos casos de corrupción, pero fue bloqueado al final por los políticos a los que expuso, incluido el presidente de entonces, Juan Orlando Hernández.
En 2016, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la administración de Barack Obama en Washington, se instaló en el país centroamericano la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyo principal propósito era dar soporte técnico, administrativo y político al Ministerio Público (MP) local en casos de corrupción.
MACCIH ayudó a armar expedientes como el Caso Pandora, una trama de corrupción política en la que estaban implicadas 38 personas, incluidos funcionarios públicos de los dos partidos más importantes entonces, el Nacional y el Liberal, que llegaron a ser acusadas de desviar unos USD 12 millones del tesoro nacional. Una compañía relacionada a Ana García de Hernández, entonces primera dama del país, apareció relacionada con esta trama.
Para 2020, cuando ya algunas de las investigaciones de MACCIH le rondaban cerca, el presidente Hernández y sus cómplices en el Congreso y el órgano judicial maniobraron para deshacerse de MACCIH, hasta que terminaron desconociendo el acuerdo con la OEA que le había dado vida.
Eran aquellos los días en que se amontonaban en investigaciones periodísticas, pero sobre todo en pesquisas judiciales emprendidas por fiscales estadounidenses, las sospechas y certezas de que Hernández era un capo del narcotráfico y, más aún, un gestor de la transformación de Honduras en un narcoestado por el que la cocaína pasaba sin mayores trabas y los narcos eran capaces de hacer contratos con el gobierno, de aterrizar en pistas militares y de usar los puertos del país.
Al final del segundo periodo presidencial de Hernández -al que accedió gracias a una interpretación antojadiza de la constitución local que prohíbe la reelección-, surgió como candidata Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel “Mel” Zelaya.
Castro ganó las presidenciales de 2021, en gran parte aupada por una plataforma anticorrupción y la promesa de acabar con el narcogobierno que había instaurado Hernández.
Tras jurar como presidenta, una de las primeras acciones políticas de Castro y su partido fue aprobar el mencionado decreto legislativo 4-2022 que, además de contemplar la llegada de una comisión internacional antimafia, dio vida a una ley de amnistía dedicada, se supone, a librar de la acción penal a personas y funcionarios que habían sido perseguidos durante y después de un golpe de Estado en 2009, cuando Zelaya, el esposo de la presidenta, fue depuesto a la fuerza.
El aparente ímpetu inicial para dar vida a la comisión, sin embargo, se fue apagando mientras las negociaciones con la ONU se alargaban.
Organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente han empezado a levantar la ceja en señal de duda.
“Desde que se firmó el Memorando de Entendimiento entre Honduras y la ONU en diciembre de 2022 la negociación para instalar la CICIH ha navegado altos y bajos, considerando el entorno político en el que sitúa el proceso. Ha habido avances, pero no los suficientes como para que a casi dos años después de la firma del memorando se proceda a la firma del convenio”, apunta la Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia en un informe sobre avances para la instalación de CICIH publicado en noviembre pasado.
Las exigencias por apresurar la instalación de la CICIH aumentaron luego de la publicación, en septiembre, del video en que Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta y entonces uno de los hombre más poderosos del oficialismo, aparece negociando sobornos con miembros de Los Cachiros, una de las bandas de narcotráfico más importantes en la historia hondureña.
No eran palabras menores las mostradas en el video. Fue, entre otros, el testimonio de uno de los jefes de Los Cachiros el que aseguró la condena al expresidente Hernández por narcotráfico en Estados Unidos.
Por eso las alarmas se habían encendido en Honduras pocas horas antes de la publicación del video, cuando la presidenta Castro pidió denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, el cual había permitido la expatriación de Hernández a Nueva York, donde fue juzgado, así como la entrega de otros narcotraficantes a la justicia estadounidense.
“La circulación pública de un video… que implica a miembros de la familia y del partido político de la actual presidenta, Xiomara Castro, en vínculos con narcotraficantes… evidencia que el crimen organizado amenaza la vida de los hondureños… La única opción viable para restaurar la confianza pública y salvaguardar la gobernabilidad democrática es recurrir al acompañamiento internacional mediante la creación inmediata de la CICIH, una promesa de campaña que se hizo hace cuatro años”, escribió en el medio Contracorriente Noah Bullock, director de la no gubernamental Cristosal.
Las propuestas políticas, negociaciones y apoyos a organismos como la CICIH que han existido en Centroamérica han partido de un convencimiento como el expresado por Bullock en su columna: los ministerios públicos y las judicaturas en la región son demasiado débiles o están demasiado permeados por mafias políticas, empresarias y de narcos como para ser exitosas en el afán de impartir justicia y hacer prevalecer la ley.
Comisiones similares, instaladas en Guatemala y en El Salvador, dejaron un sabor agridulce. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), pionera en el campo de la colaboración supranacional, acompañó una transformación temporal del ministerio público local que permitió, entre otras cosas, condenar por genocidio a un dictador y hacer renunciar y encarcelar a un presidente acusado de corrupción.
Al final, otro presidente, también investigado por CICIG, dio jaque a la comisión y expulso del país a sus funcionarios.
En El Salvador, la experiencia fue más limitada. Ahí una comisión similar, bautizada como CICIES, tuvo una corta vida, durante la cual abrió expedientes importantes por corrupción asociada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien, sin embargo, mató al organismo supranacional cuando él y los suyos se vieron demasiado cerca de las pesquisas.
La CICIH de Honduras, por el aparente apoyo de la presidencia Castro, parecía destinada a convertirse en un nuevo intento de otorgar independencia a la investigación criminal en un país desbordado por la corrupción y el narcotráfico, pero a estas alturas, a diferencia de CICIG en Guatemala y CICIES en El Salvador, la CICIH ni siquiera ha nacido.
