TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, confirmó que el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos llegará a su conclusión a finales de febrero de 2025, aunque la fecha exacta aún no ha sido plenamente definida.
Según el funcionario, el acuerdo expirará “alrededor del 22 o 23 de febrero”, aunque la fecha más probable sería el 28 del mismo mes.
Reina explicó que el gobierno hondureño está a la espera de una eventual propuesta formal por parte de las autoridades estadounidenses para abordar este tema.
“Bueno, nosotros estamos abiertos, lo ha dicho la ministra de Defensa (Rixi Moncada) y si hay alguna propuesta de los EEUU que podamos ver está bien”, expresó el diplomático.
Referente al tema, el funcionario destacó que la administración actual no se opone al mecanismo de extradición, pero advirtió sobre posibles usos indebidos del mismo.
“Podemos negociar con los EEUU lo que sea necesario”, afirmó Reina, aunque alertó que la preocupación radica en que este recurso pueda ser manipulado en “temas políticos”.
La decisión de Honduras de dar por terminado el acuerdo fue notificada oficialmente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa el pasado 28 de agosto.
La medida ha estado rodeada de controversia y críticas, especialmente por su coincidencia con un famoso “narcovideo” que involucraba al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en negociaciones con narcotraficantes para financiamiento político en 2013.
En aquella ocasión, la presidenta hondureña justificó la decisión señalando que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.
Estas declaraciones generaron un fuerte debate en los círculos políticos y sociales del país.
La oposición y diversos sectores de la sociedad han expresado preocupación por las posibles implicaciones de la medida, acusando al gobierno de Libre de intentar proteger a funcionarios de alto nivel involucrados en actividades ilícitas.
El caso de Zelaya es mencionado recurrentemente como un ejemplo de posibles motivaciones políticas detrás de la decisión.
Por su parte, Reina insistió en que cualquier renovación o renegociación del tratado dependerá de acuerdos específicos que beneficien a ambas naciones.
“No estamos cerrados al diálogo, pero es importante que se garantice la transparencia y que no haya manipulaciones que afecten la soberanía del país”, arguyó.
