TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exfiscal general, Edmundo Orellana, dijo este lunes que el caso contra Romeo Vásquez abre precedente para imputar a cualquier superior jerárquico, tras la captura de los generales en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez.
También señaló que la actuación de ciertos ministros del actual Gobierno está afectando negativamente al Ministerio Público.
Expresó su preocupación por las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que aplauden las acciones de la Fiscalía, lo cual, según él, debilita la credibilidad de la institución.
“Cuando un funcionario opina, aplaude y da a entender que es un acto de venganza, no abona al MP, no están ayudando, tienen que dejar que el MP actúe”, señaló.
Agregó que “esto contamina y daña a la Fiscalía, va en contra de la credibilidad que necesita inspirar este ente investigador”.
En su declaración, Orellana destacó que el Ministerio Público optó por investigar los hechos desde la perspectiva de la responsabilidad jerárquica.
El exfiscal detalló que la imputación se dirige hacia los superiores jerárquicos, independientemente de que estos no hayan sido los autores directos del crimen.
“Se le están imputando los hechos al superior jerárquico, independientemente que este no haya sido el que haya disparado el gatillo”, expresó Orellana.
Según él, este enfoque implica que el Ministerio Público posee pruebas científicas que demuestran que el joven falleció por disparos provenientes del ala oficial que maneja el ejército.
Orellana indicó que esto podría establecer un importante precedente en el ámbito legal, ya que, si un soldado comete un crimen de este tipo, su superior jerárquico podría ser también imputado.
De esta manera, subrayó que las autoridades de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía podrían enfrentar cargos, lo cual implica una responsabilidad más amplia dentro de las estructuras jerárquicas.
El exfiscal recordó un caso similar ocurrido en la salida hacia el oriente del país, cuando un joven fue asesinado por un miembro del ejército.
En ese entonces, los jefes militares se negaron a entregar al responsable, lo que podría resultar en una investigación contra los altos mandos militares, en caso de que se repitiera una situación semejante.
“Esto se está planteando en ese nivel, por lo que no importa quien cometió el hecho alguien debe de pagar”, subrayó.
Orellana destacó la importancia de que el Ministerio Público no eluda su responsabilidad en este tipo de investigaciones, instando a que se demuestre quiénes son los verdaderos responsables del crimen. Afirmó que el ente investigador tiene la obligación de esclarecer los hechos y hacer justicia en este tipo de casos.
“No se puede eludir una alta responsabilidad que tiene el Ministerio Público, está obligado a investigar y a demostrar quienes cometieron el crimen”, enfatizó en su intervención.
Para finalizar, Orellana reiteró que el Ministerio Público debe mantenerse independiente y ajeno a las influencias políticas para garantizar una justicia imparcial. Insistió en que el caso contra los generales en retiro es un ejemplo de la necesidad de investigar con rigurosidad y sin presiones externas.
