TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, ante los recientes acontecimientos relacionados con la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez y dos ex altos oficiales, acusados por la muerte de Isy Obed Murillo durante una manifestación política en julio de 2009, se pronuncia en los siguientes términos:
1. Desde ASJ, recordamos y reiteramos nuestra condena al golpe de Estado ocurrido en 2009 y a las acciones violentas que se suscitaron en su marco. En aquel momento, exigimos justicia para las víctimas y hoy, una vez más, reafirmamos nuestro rechazo a los eventos que fracturaron el Estado de derecho del país. La justicia y la verdad deben prevalecer, pero subrayamos que estos procesos no deben estar motivados políticamente ni ser utilizados como instrumentos de manipulación.
2. En ese contexto, reafirmamos nuestro acompañamiento y apoyo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como nuestro respaldo a los hallazgos y recomendaciones contenidas en su informe “Para que los hechos no se repitan”. Este informe, reconocido por su objetividad e integralidad en el análisis de los eventos ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado, constituye un referente fundamental. Exhortamos a que dicho enfoque de análisis se mantenga vigente y guíe los procesos actuales de búsqueda de justicia y reconciliación en el país.
3. Demandamos una investigación exhaustiva y completa de todos los asesinatos ocurridos en ese período, tal como lo establece el informe de la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Subrayamos la importancia de que se respete el debido proceso en conformidad con la ley. La verdad y la justicia no pueden ni deben ser negociables.
4. Exhortamos al Ministerio Público, como el ente independiente encargado de velar por los intereses de la sociedad, a actuar con objetividad, apegado estrictamente a la ley, sin injerencias de ninguna naturaleza y con un firme compromiso con el respeto a los derechos humanos. Confiamos en que esta institución cuenta con una base probatoria sólida y suficiente para sustentar las acusaciones, de manera que se pueda esclarecer lo sucedido y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan y así recuperar la credibilidad del Ministerio Público ante el pueblo hondureño.
5. Hoy más que nunca, tanto el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia se ponen a prueba para que este caso sea tratado con el máximo rigor y transparencia, garantizando que no se convierta en un instrumento de distracción que desvíe la atención de las graves problemáticas que enfrentan los hondureños, como el narcotráfico, el desempleo, la pobreza, crisis migratoria, la inseguridad, entre otros.
6. Los demás poderes del Estado deben mantenerse al margen de opinar sobre este caso, para evitar la conflictividad, la percepción de instrumentalización de las instituciones y la politización de la justicia.
Honduras necesita una justicia que sea real, imparcial y transparente, que sirva como pilar para la construcción de una sociedad más justa en beneficio de los más vulnerables.
