TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), brindó un informe donde analizan profundamente el tema de la extorsión en Honduras, problemática que aqueja a todo el pueblo hondureño, a pesar que hace dos años la mandataria Xiomara de Zelaya, anunció una guerra en contra este flagelo con el Estado de Excepción.
Sin embargo, desde entonces, con más de 14 extensiones, el estado de excepción ha perdido su carácter excepcional y se ha convertido en una suspensión de carácter permanente de los derechos fundamentales de los hondureños. A la fecha del lanzamiento de este informe, se cumplen 730 días bajo el estado de excepción.
Los resultados han sido sumamente decepcionantes, el informe de evaluación de los primeros seis meses demostró que solo se habían judicializado 17 casos de extorsión por mes, mucho menos del promedio de 38 previo al estado de excepción y el plan antiextorsión (ASJ 2023).
El informe de evaluación del primer año hecho por ASJ, demostró que la tasa de victimización había incrementado de 9 por ciento en 2022 a 11.1 por ciento a finales de 2023, lo cual corresponde a 286 mil familias más afectadas por la extorsión en el país.
Centrándose en el 2024, el porcentaje de personas que se sienten menos seguras, este cambio fue más significativo entre las mujeres, cuya percepción de mayor inseguridad respecto a antes del estado de excepción aumentó 7.8 puntos porcentuales respecto a 2023. Para 2024, 31.5 por ciento de las mujeres se sintieron menos seguras luego de la implementación del estado de excepción y 48.8 por ciento de ellas se sintieron igual.
Los hombres también reportaron sentirse más inseguros; sin embargo, el aumentó fue menor con una diferencia de 7.5 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Y es que la sensación de menor seguridad por parte de la población no es infundada.
Los departamentos donde hay mayor prevalencia de la extorsión son también en los que las personas dicen sentirse menos seguros desde el inicio del estado de excepción. Es decir, son los lugares donde no existen resultados en la lucha contra el delito y este persiste o, de hecho, empeora.
En efecto, para 2024, seis departamentos poseen un porcentaje de victimización mayor al promedio nacional. Estos son: Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés. Respecto al año anterior, todos ellos, con excepción de Cortés, sufrieron un aumento en sus tasas de victimización.
Otros departamentos que tuvieron cambios notables con respecto al año anterior son Valle, Ocotepeque y La Paz, cuyos porcentajes departamentales de victimización disminuyeron un 8 por ciento, 9 por ciento y 9.7 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, al analizar las formas de pago predilectas para pagar los montos, el efectivo sigue siendo la forma más utilizada. Las bandas criminales conocen muy bien la dificultad en el rastreo del efectivo y por ello lo siguen utilizando como medio de cobro principal.
No obstante, esto no significa que no hagan uso de tecnologías digitales. Luego del efectivo, las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas son los métodos más populares para el pago de la extorsión.
En tal sentido, se observa en el último año que el porcentaje de víctimas que utilizan el efectivo y las transferencias bancarias como medios de pago ha aumentado, pasando de 46.8 por ciento a un 50.9 por ciento en el caso del efectivo, y de un 29.8 por ciento a 30.2 por ciento para el caso de las transferencias bancarias.
Ante estos resultados, no es extraño esperar que la población no sienta un sentido de seguridad mayor a pesar del estado de excepción. De hecho, la gran mayoría de personas siente un nivel de inseguridad igual al que existía antes de la implementación de un estado de excepción, del anuncio y (limitada) aplicación del paquete de medidas contra la extorsión.
El porcentaje de mujeres que se sienten igual de inseguras durante el estado de excepción es de 48.8 por ciento para 2024, un porcentaje levemente menor al de 2023. En tanto que un 46.9 por ciento de los hombres se siente similar.
Resultados oficiales
Una de las estadísticas principales es el número de denuncias. Para 2024, se registraron un estimado de 484 denuncias por extorsión en el país, una cifra 48.6 por ciento menor a la reportada para 2023 y casi cuatro veces menor a la que existía en 2022. Sería racional pensar que un menor número de denuncias implica una reducción en la intensidad del delito; sin embargo, expertos concuerdan en que las denuncias, más que una métrica fiable de la ocurrencia del delito, son una métrica de la confianza que existe entre la población en que la Policía puede resolver su caso.
Asimismo, para 2024 el número de detenidos por extorsión fue de apenas 175 personas, un 53 por ciento menos que la cantidad de detenidos durante 2023 y un 52 por ciento menor a los detenidos en 2022, incluyendo los meses anteriores al estado de excepción y anuncio del paquete de medidas de lucha contra este crimen.
Para 2024, el cumplimiento de dicho plan sigue siendo débil. Los expertos consultados consideran que para este año solamente cinco de las 30 acciones propuestas tienen un cumplimiento definitivo.
El cumplimiento de dicho plan sigue siendo débil. Los expertos consultados consideran que para este año solamente cinco de las 30 acciones propuestas tienen un cumplimiento definitivo Gráfico.
A pesar de la declaración de “guerra contra la extorsión” en 2022, el porcentaje nacional de victimización ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando un 11.6 por ciento en 2024, el nivel más alto en los últimos seis años. Este incremento se refleja también en el número de hogares afectados, que ya supera los 300,000 en 2024, lo cual evidencia una creciente extensión del fenómeno.
Aquí el informe completo:
