TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), logró una pena de cinco años contra Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), por su participación en la fraudulenta compra de mascarillas durante la pandemia del COVID-19.
Guevara Mondragón también fue condenado a pagar una multa de 39 millones de lempiras y la inhabilitación por el doble de tiempo de prisión, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en concurso ideal por la adquisición irregular de 474 mil mascarillas entre los meses de abril y mayo de 2020, cuando el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
De acuerdo a la investigación por fiscales del Circuito Anticorrupción, exfuncionarios de INVEST-H se confabularon con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
Además, se descubrió que Marco Bográn, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo Gy T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Como se recordará, por este fraude se obtuvo una pena de seis años de reclusión más una multa por el monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena en contra de Marco Antonio Bográn Corrales. Mientras que al coimputado Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de INVEST-H, únicamente se le condenó por violación de los deberes de los funcionarios y se le decretó la inhabilitación especial por cuatro años seis meses.
Los otros involucrados prófugos de la justicia por esta irregular compra superior a los 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00) son: la especialista administrativa y financiera, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V, Juan José Lagos Romero.
