TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de una creciente tensión institucional, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), respondió a las acusaciones presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), calificándolas como parte de una campaña de difamación que, según afirman, está vinculada a la agenda del bipartidismo.
La controversia, que ha sacudido el escenario político hondureño, surge luego de una denuncia presentada por el organismo anticorrupción contra altos funcionarios del gobierno.
La denuncia del CNA apunta directamente a tres figuras clave de la administración pública: la exministra Rixi Moncada, el exministro Marlon Ochoa y el actual ministro de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte.
El organismo anticorrupción les atribuye la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, específicamente en relación con la aprobación de modificaciones presupuestarias destinadas a financiar gastos en publicidad y propaganda de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
En respuesta a estas graves acusaciones, SEFIN ha emitido un comunicado contundente donde defiende la legalidad de todas las operaciones cuestionadas.
«La denuncia presentada por el CNA es espuria y carece de todo sustento legal», declara la institución, argumentando que cada uno de los hallazgos señalados corresponde a «facultades, prerrogativas y operaciones reconocidas en las leyes vigentes», las cuales, según sostienen, amparan plenamente las acciones efectuadas por las autoridades de la Secretaría de Finanzas.
La institución financiera ha profundizado en su crítica al CNA, señalando que la omisión de la normativa aplicable y vigente en la denuncia evidencia que el organismo anticorrupción no persigue genuinamente hacer justicia o combatir la corrupción. SEFIN va más allá y acusa directamente a las actuales autoridades del CNA de instrumentalizar la institución para fines políticos.
«En lugar de combatir la corrupción estructural público-privada y su colusión con el narcotráfico y el crimen organizado que han drenado miles de millones de lempiras del erario público, se dedican a fabricar casos con motivación política», señala enfáticamente el comunicado de SEFIN, cuestionando las prioridades y la objetividad del organismo anticorrupción.
El conflicto adquiere dimensiones más profundas al enmarcarse en un contexto de lucha contra el intervencionismo y las redes de corrupción público-privadas. SEFIN concluye su comunicado advirtiendo que la denuncia forma parte de una estrategia más amplia que busca «desprestigiar y fomentar el escarnio público contra funcionarios que han sostenido posiciones soberanas» frente a estas problemáticas.
Esta confrontación entre dos importantes instituciones del Estado hondureño pone de manifiesto las tensiones existentes en el sistema de control y fiscalización de los recursos públicos, al tiempo que plantea interrogantes sobre la independencia y objetividad de los organismos de control en el país centroamericano.
SEFIN señaló que las denuncias falsas pueden tener repercusiones legales, citando los artículos 528 y 528 del Código Penal, que castiga este tipo de reclamos con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de seis meses a dos años.
Este conflicto ha generado un intenso debate público sobre la transparencia en la gestión de los recursos estatales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional, manteniendo al mismo tiempo su independencia de influencias políticas partidistas.
