TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las Fuerzas Armadas de Honduras pasaron este sábado a disposición temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la custodia, el transporte y la vigilancia de los materiales electorales de los comicios primarios e internos que celebrarán el 9 de marzo los tres partidos mayoritarios.
Estas elecciones son previas a las generales del 30 de noviembre, que serán las duodécimas desde que el país retornó a la democracia, después de casi dos décadas de regímenes militares, aunque la vida en democracia no ha representado bienestar, principalmente en materia económica y social, para la mayoría de los hondureños.
En una ceremonia celebrada en el Primer Batallón de Infantería, en las afueras de Tegucigalpa, dos de los tres comisionados del CNE le colocaron en el brazo izquierdo a altos mandos de las Fuerzas Armadas, encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, el distintivo del ente electoral que deberán portar durante el proceso de las elecciones primarias e internas.
Entre los asistentes a la ceremonia figuró la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.
Roosevelt recordó que la Constitución del país señala que las Fuerzas Armadas «son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante» y «se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».
También se comprometió a garantizar «elecciones limpias, transparentes y confiables».
La presidenta del CNE, Cossete López, dijo que «el pueblo hondureño marchará con la cabeza en alto, con la certeza de que su dignidad es su mejor escolta y que quienes visten el uniforme lo honran protegiendo la democracia con honor y compromiso».
Agregó que el pueblo hondureño «merece una realidad distinta, donde las instituciones y los actores políticos no se deben a otra causa más que a su deber mismo, para que la democracia no sea un ideal distante, sino un bien tangible sobre la mesa de cada familia hondureña».
López enfatizó que «la democracia no solo es el acto de votar cada cuatro años, ni un concepto escrito en discursos o leyes, es el pan que debe compartirse sin miedo, la seguridad de caminar sin sombras de incertidumbre, la certeza de que la justicia no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Es la certeza de que aún en la diversidad de pensamientos podemos encontrarnos sin la división que tanto nos ha lastimado».
Los 45 años de vida democrática que lleva Honduras han estado marcados por una mayoría de gobernantes acusados de corrupción y una división, de odio y violencia, derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente del país, Manuel Zelaya, quien ahora es coordinador general del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) y esposo y asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.
La crisis política y social, que no ha cesado, se agudizó tras las denuncias de fraude de las elecciones generales de 2017, en las que, además, el entonces mandatario, Juan Orlando Hernández, se reeligió violentando la ley, con el favor de una corrupta Corte Suprema de Justicia que también controlaba.
El país llega a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo entre mucha incertidumbre porque la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, es la actual ministra de Defensa, lo que cuestionan diversos sectores, aduciendo que está violentando la ley, aunque ella alega que para los comicios generales deberá renunciar seis meses antes, en base a la ley.
Al margen de que sea legal o no ser precandidata presidencial y ministra de Defensa, éticamente no es correcto, según analistas, aunque en Honduras, principalmente los políticos, por lo general han sido los que más han violentado la ley.
Muchas de sus acciones habrán sido legales, pero reñidas con la ética, en un país también marcado por altos índices de corrupción, narcotráfico, pobreza, desempleo, una gran deuda social, una justicia desprestigiada, una galopante impunidad y unas cuestionadas Fuerzas Armadas, con un jefe de Estado Mayor amenazando con querellas a periodistas.
Con información de EFE
