TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será quien decida la suerte sobre la inscripción o no de la precandidatura de Rodolfo Padilla Sunseri a la alcaldía de San Pedro Sula, esto luego de la admisión de un recurso de revisión presentado por su defensa ante la Sala de lo Constitucional.
La Sala de lo Constitucional admitió por mayoría el recurso, mismo que busca la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Padilla Sunseri, la que lo inhabilita para ocupar cargos públicos tras ser condenado por el delito de prevaricato administrativo.
Según Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, el paso del recurso al pleno de la CSJ no implica un avance en cuanto a la decisión sobre la admisibilidad del recurso, ya que el proceso aún se encuentra en su fase preliminar.
Duarte expuso además que pese a que la Sala de lo Constitucional aprobó la revisión del recurso por mayoría de votos, esta decisión no es firme, lo que obliga a que el caso sea conocido por todos los magistrados de la CSJ.
El comunicador subrayó que aún no se ha tomado una determinación sobre el fondo del recurso por lo que la situación de Padilla Sunceri sigue siendo igual.
Este proceso que ahora pasa al pleno marcará una nueva etapa en la resolución del caso y determinará si el exedil sampedrano podrá o no participar en la contienda electoral.
Recurso presentado
La defensa del exalcalde sampedrano alega que la sentencia en su contra es inconstitucional y que constituye un acto de persecución política impulsado por la administración judicial anterior.
«Es evidente que la CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional, enmiende este acto penoso de persecución política y elimine la inhabilitación injusta y politizada que se le dio», sostuvo su abogado, René Altamirano, al presentar el recurso.
Padilla Sunseri fue condenado en 2017 por abuso de autoridad, pero en 2022 la Corte modificó el delito a prevaricato administrativo, lo que lo dejó inhabilitado para ocupar cargos públicos.
La defensa busca aplicar el efecto retroactivo de la ley más favorable y ampararse en el Decreto de Amnistía 04-2022, con el cual varios exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya fueron beneficiados.
El exalcalde de San Pedro Sula, electo para el período 2006-2010, se vio envuelto en acusaciones de abuso de autoridad y malversación de fondos durante su gestión, derivando en una orden de captura en su contra en 2017, la cual fue anulada en 2024 tras la aplicación del decreto de amnistía.
El pleno de magistrados de la CSJ tendrá la última palabra sobre su habilitación para participar en las elecciones del 9 de marzo de 2025.
